Crítica de la razón restauradora*
Marco Fonseca
«Tu puedes decir que soy un soñador,
Pero no soy el único,
Espero que algún día te nos unas,
Y el mundo vivirá como uno solo».
John Lennon
En sus propuestas de «reforma» a la LEPP, el TSE arguye que la necesidad de plantear cambios a las «debilidades y lagunas jurídicas» en el sistema electoral de Guatemala emana de «los problemas socio-jurídicos y políticos o situaciones reales que generan la creación del derecho, acontecimiento o hechos que provocan, la necesidad de reflexiones doctrinarias, de legislar y emitir resoluciones actualizadas». De acuerdo al TSE, el mismo «ha recogido de la voluntad popular expresada a través de los diversos foros y realidades, la imperiosa necesidad de promover y apuntalar el desarrollo democrático y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Lo que implica elevar el nivel político ciudadano y los valores esenciales de la democracia; estos últimos constituyen parte fundamental de la deuda política que el Estado de Guatemala y las organizaciones políticas tienen frente a la población». Es hora, pues, de ponerle fin al levantamiento ciudadano de protesta y aceptar el Termidor de Guatemala.
Pues bien, dada la naturaleza limitada y restauradora de las propuestas que ha hecho el TSE, en realidad no había ninguna necesidad de un levantamiento ciudadano en protesta, no había necesidad de ninguna «situación real» sin precedentes desde la «transición democrática» para proponer lo poco, limitado y restaurador «de derecho» que ha propuesto el presente TSE.
Empecemos por decir, como punto de diferencia radical en cuestión de filosofía política, que no son las instituciones del Estado ni los partidos políticos los puntos de partida «mas idóneos» para la interpretación de los textos constitucionales concernientes al sistema político o a elecciones. Porque no debemos hablar de la burocracia electoral o de la clase política como si fueran un sacerdocio con conocimiento especializado y único y con vocación e infalibididad incuestionable sobre el significado del derecho constitucional en esta rama o en cualquier otra. La ilusión del TSE, como del extremo centrismo en Guatemala, es que el país vive bajo un «Estado constitucional de derecho» en el cual las «instituciones electorales» son «órganos de certeza y legitimidad» que ejercen «tutela sobre los derechos ciudadanos quienes le han otorgado dicho mandato». Esto no podría estar más lejos de la verdad.
Mas bien es la ciudadanía convocada en el momento agónico o «protagónico», el momento liminal y catártico de las calles, en comuna o asamblea soberana y como poder constitutivo la que tiene dicha postestad. Y el momento presente es un Evento precisamente por la confluencia de varias vertientes que han tornado al pluralismo ciudadano, y desde abajo, en un poder auto-constituido en sujeto soberano que ha categóricamente retirado de las instituciones electorales, del Congreso y del Ejecutivo mismo, la legitimidad para decidir sobre el futuro de la república. Al mismo tiempo, con el destape de la corrupción sin precedentes el 16 de abril, el Evento ha revelado a la clase política así como a los «órganos electorales», incluyendo al TSE, como actores antagónicos con respecto de la soberanía ciudadana. Y allí precisamente, en el intento de privilegiar las instituciones del modelo presente de dominación, particularmente los partidos políticos tradicionales y de viejo tipo, es que encontramos el caracter antagónicamente restaurador de las propuestas termidorianas del TSE. Por ello es que el TSE habla solamente de que la presente LEPP solo tiene «algunas debilidades o lagunas jurídicas» y no, más bien, un problema de fondo concerniente a la ingeniería misma del poder. Porque ahora estamos hablando de una crisis de hegemonía, de poder, y no solamente de un cuestionamiento a «debilidades y lagunas jurídicas» en el modelo de dominación.
Ninguna de las reformas propuestas por el TSE llega al fondo del asunto. Veamos esto con detenimiento.
1) Sobre la cuestion del financiamiento, no hay nada extraordinario en plantear que un problema central es la «tercerización» del financiamiento y que, por tanto, hay que mejorar las «fiscalización del financiamiento público». Esto no representa una clara prohibición del financiamiento siempre ilícito por las corporaciones privadas y la imposición de sanciones altas por su violación directa o indirecta o «tercerizada». Esto tampoco limita claramente las donaciones individuales a candidaturas individuales o a partidos políticos antes o después del comienzo oficial de una campaña electoral. Y después de todo el TSE propone un cambio que no cambia nada: «que el financiamiento de las organizaciones políticas siga siendo mixto bajo el entendido que la corrección de los problemas no está a nivel de prohibir el financiamiento privado, sino mas bien de establecer filtros adecuados para velar por el irrestricto control del mismo». La propuesta de fondo debería ser radicalmente diferente y como mínimo debaría de prohibir el financiamiento de corporaciones privadas y multas elevadas si dicho financiamiento se da de modo ilegal. Donaciones de individuos/as no pueden exceder un monto determinado por consultas. No a figuras arbitrarias impuestas desde arriba o por expertos/as. (Sobre el financiamiento, ver De #RenunciaYa a la Refundación: una propuesta para la coyuntura presente, http://bit.ly/1GgPEO2, p. 84.).
2) En cuanto al fenómeno del transfuguismo el TSE lo califica de una «patología democrática que permite a una persona variar unilateralmente la configuración de los bloques partidarios asignados por el soberano». ¿Pero qué propone para su solución? La decisión «depende del diputado como persona» a quien hay que reconocerle el ejercicio de «todos sus derechos y obligaciones». Detener el transfugusimo, nos dice el sacerdocio de las instituciones electorales legítimas de Guatemala, es como vivir en un «régimen totalitario en el cual la persona está al servicio del Estado o de alguna organización». Una vez electo/a, el comportamiento del/la diputado/as «debe ser regulado por la Ley Orgánica del Congreso», como si esto hubiera funcionado en el pasado o, de hecho, en el presente. De nuevo, es una propuesta disuadora, restauradora que empodera al Congreso por sobre la ciudadanía y al individuo y su propia consciencia moral privada – que en Guatemala, como lo revela la patología democrática en general, es una consciencia podrida – por sobre el poder colectivo soberano que lo/a eligió. Al mismo tiempo, no se debe criminalizar el transfuguismo. Eso no tiene sentido porque es como criminalizar la ideología o la religión misma. Y no toma en cuenta que el partido como un todo o su dirigencia principal pueden ir en dirección contraria o contradictoria con respecto de la cual un/a diputado/a decidió participar. ¿Y entonces no puede cambiar de posición? La propuesta democrática de fondo, de cambio real, debería contener lo siguiente como mínimo: Para minimizar el transfuguismo o asegurarse de que el mismo sea legítimo, hay que instaurar un sistema de consultas cuando un/a candidato/a quiera cambiar de partido/bancada/bloque. Dicho cambio debe ser aprobado por electores/as, lo que empodera a la ciudadanía por encima de la consciencia o discresión moral individual y por debajo del Estado. De no aprobarse el/lacandidato/a pierde la confianza y en un modelo electoral distrital esto sirve de sistema de rendimiento de cuentas y fiscalización política ineludible e inapelable. No hay amparo para el transfuguismo ilegítmo. Por todo esto hay que crear la forma distrital y proporcional de representación, con posibilidad de consulta popular sobre confianza en candidatos/as en caso de cambiar partido sin razones sólidas y públicas y, de perder la confianza, un referendo revocatorio. (Sobre el transfuguismo, ver De #RenunciaYa a la Refundación: una propuesta para la coyunturapresente, http://bit.ly/1GgPEO2, p. 83.).
3) En cuanto a la re-elección, el TSE dice poco y lo que dice es lo que encontramos en cualquier análisis de comentaristas trasnochados en las noticias matutinas de la TV. Aunque ya está claro en la Constitutión, dice el TSE, «esto no riñe con la necesidad de limitarla». En otras palabras, no dice nada. Pensar esto de fondo requiere, como mínimo, lo siguiente. La re-elección no es en sí misma el problema. Solo lo es en un sistema de listas nacionales y un porcentaje bajo de miembros/as empadronados para constituir un partido (lo que tiene que ver con la fórmula repartidora). Con un sistema de re-elección tal y como existe en Guatemala hoy en día antes de la Refundación es garantía del continuismo, el clientelismo y el nepotismo. Y de todos modos no permite el desarrollo e legislación de cambios sustanciales. Esto puede cambiar en un sistema político y electoral diferente que elimine las listas nacionales, que provea para distritos electorales arriba de la muni y debajo del departamento, que legisle elecciones primarias dentro de partidos (y, uno de los pocos elementos correctos en la propuesta del TSE, no coincidencia en el secretariado general del partido con personas electas), con derecho a la revocación en caso de fenómenos como el transfuguismo pero también en caso de no llevar a cabo lo prometido durante las elecciones o, peor, de implementar lo opuesto debido a compenendas, tráfico de influencias, etc., con elecciones de medio término para no atar lo ejecutivo con lo legislativo, con consultas en casos de transfuguismo o pérdida de confianza en representates. No hay que olvidar que implementar cambios sustanciales requiere tiempo, experiencia y consistencia. Sin re-elección por lo menos una vez es imposible llevar a cabo cambios sustanciales. Quitar la posibilidad de por lo menos una re-elección significa que todo siga igual.
4) Aunque es bueno que se le de mayor participación a los comités cívicos electorales, ello es insuficiente para fomentar la «democracia participativa», la «rendición de cuentas» o la «fiscalización ciudadana» desde abajo. No hay absolutamente nada que impida que estos «comités cívicos» no sean simplemente otra forma de partido político tradicional atado a caudillismos provinciales, liderazgos puramente carismáticos o clientelismos oligárquicos regionales y que, de hecho, propongan restauración de instituciones del siglo XIX o de las dictaduras militares o instauración de procesos neoliberales extractivos sin fiscalización ciudadana local. Sin cambios más de fondo a la ingeniería del poder ello es, precisamente, en lo que todo esto podría resultar. Como mínimo, la creación y ampliación del protagonismo de los comités cívicos debe ir acompañada de una reforma a la naturaleza y extensión de distritos electorales siguiendo líneas divisorias que resulten de consultas comunitarias regionales. Nada impuesto desde arriba, por expertos/as o por élites partidistas ode la clase política o económica.
5) En cuanto a la participación de mujeres y pueblos indígenas, la propuesta del TSE se queda corta y a nivel de platitudes liberales abstractas. Bajo un modelo de distrito electoral reformado/refundado solo gente local o de reconocida trayectoria local o regional puede participar. Se deben instaurar candidaturas con 50 por ciento de representación de mujeres y con representación étnica que refleje la región o el distrito o que refleje su consentimiento explícito. Estas son demandas básicas del movimiento de mujeres y de los movimientos indígenas en Guatemala. La cuestión de autonomías indígenas locales o regionales debe incluirse como tema central en la próxima ANC.
6) El voto nulo es, como se dice en inglén, un «red herring», es decir, una distracción con la intención de desviar el debate de las cuestiones estructurales mas profundas y dar el sentido de que se está «empoderando» a la ciudadanía. Aunque tiene su espacio es el debate del presente, no es el punto central del mismo y mucho menos, como lo dice erróneamente Destarac, «revolucionario». Lo de fondo, lo realmente democrático, es cambiar la ingeniería del poder, como se sugiere en varias secciones de arriba, en lugar de preservar o restaurar un sistema político que hace necesario la expresión de su rechazo en forma del voto nulo.
7) El «mayor control» que los partidos políticos pueden tener es poniendo el control en manos de la ciudadanía. Esto se puede lograr, como se dice arriba, eliminando listas nacionales, creando representación distrital, adoptando elecciones primarias y elecciones de medio término, proveyendo para referendum revocatorio en caso de perder la representación for transfuguismo ilegítimo, etc.
Tenemos que luchar en contra del triunfo de un Termidor en Guatemala, es decir, de un golpe contra-democrático, disfrazado de respeto a la institucionalidad, al «sistema democrático» o al supuestamente existente «Estado democrático de derecho», contra el movimiento ciudadano en protesta. No olvidemos que la ciudadanía en protesta ha puesto en tela de juicio, de manera simultánea, tres niveles y momentos de la totalidad estructural y superestructural de Guatemala.
Primero, el Evento del presente ha puesto en tela de juicio al gobierno de OPM y con ello ha agudizado la crisis de autoridad o «gobernabilidad» que reconoce incluso el Cacif, la UFM, la Escuela de Gobierno de Dionisio Gutiérrez y hasta la Fundación contra elterrorismo. Segundo, ha puesto en tela de juicio el sistema político (tanto al sistema electoral como la institucionalidad que lo soporta y legitima) desatando con ello una crisis de legitimidad política sin precedentes. Y es de este nivel y momento dialéctico de la totalidad social que no pasa – y, por razones ideológicas y normativas no puede pasar – el extremo centrismo y el liberalismo chapín. Y, tercero, y más seriamente, el momento presente se caracteriza por una crisis de hegemonía que ha puesto en crisis a la totalidad del Estado (sociedad política + sociedad civil + sociedad económica). Es una crisis de hegemonía que no ha sido creada por #RenunciaYa pero en la que han confluido movimientos contra-hegemónicos procedentes de varios espacios geográficos y dimensiones temporales que incluyen a comunidades indígenas, luchas en resistencia contra el extractivismo y la agro-exportación, luchas de resistencia popular y también por supuesto las ciudadan’a en protesta agónica y liminal.
Es imposible espera que el TSE, como «órgano de certeza y legitimidad» que supuestamente ejerce «tutela sobre los derechos ciudadanos quienes le han otorgado dicho mandato», refleje la complejidad de una revuelta ciudadana que le ha retirado su legitimidad – si es que alguna vez realmente la tuvo – de tutelar los derechos de la ciudadanía. Ha sido bajo su supervisión que el sistema ha descendido hasta el nivel de una letrina política putrefacta mas allá del remedio o la oxigenización sin Refundación. Ahora bien, de la crisis de hegemonía solo hablamos unos/as pocos/as, aquellos/as que partimos de la idea de que otra Guatemala es realmente posible a partir de la coyuntura evental del presente. Pero el intento por delimitar los cambios que se necesitan solo al nivel de y para efecto de solucionar la crisis de legitimidad del sistema representa una maniobra de tipo Termidor que es, en realidad, un contragolpe y, de hecho, un constitucionalismo anti-democrático. Detrás de este golpe podemos encontrar un Caballo de Troya que esconde los intereses de las transnacionales, las grandes fundaciones que financian ONGs y «think tanks», La Embajada y los TLCs, el Cacif y las élites políticas y económicas vinculadas al mismo. Se trata de un golpe contra-democrático que, disfrazado de «cambios» propuestos por el extremo centrismo, propone cambios que no cambian nada. Se trata de una cooptación que tiene mucho en común con otros procesos restauradores de modelos «democráticos» instaurados después de las transiciones de los 80s y 90s, los que la OEA defiende, y que han permitido y van a continuar permitiendo – como lo demuestra las propuestas que han salido de Asies Guatemala y como lo argumenta Gerardo Pisarello – la «ofensiva del constitutionalismo anti-democrático» y la «consolidación del neoliberalismo y, en general, del actual capitalismo financiarizado» (Fuente: http://bit.ly/1ITutWo).
Vamos patria hacia la #RefundacionYa
*Originalmente publicado el 30 de junio de 2015 en Facebook.
Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente profesor adjunto en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University.
