Una lectura de la «Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional» de Guatemala para el COP 21
Marco Fonseca

Ya está disponible la «Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional» (INDC por sus siglas en inglés) de Guatemala. De acuerdo a Magaly Arrecis (Área Socioambiental IPNUSAC) el documento «plantea los compromisos de Estado ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en cuanto a temas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Esta propuesta fue inicialmente planteadapor técnicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Posteriormente, durante varios días de trabajo conjunto, a lo interno del CNCC, se discutió y preparó otra versión de la propuesta, la cual finalmente fue aprobada por unanimidad en esta reunión de Consejo» (ver http://goo.gl/f0uJbH). El documento ya está disponible aquí: http://goo.gl/g9hX4L.

• Es muy revelador que el documento diga: «La presentación de este INDC sucede en el contexto de un país que recién ha estabilizado una crisis política». ¿Así que el gobierno de AMA dice que ya se «estabilizó» la crisis política?
• Asume el programa de «desarrollo» de OPM: «Las contribuciones contenidas en el INDC se incorporaran al Plan Nacional de Desarrollo – KATUN 2032 – del país».
• En el punto 3.2.1 dice: «De acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus actuales capacidades, Guatemala planifica lograr una reducción del 11.2% de sus emisiones GEI totales del año base 2005 proyectado al año 2030. Esta reducción del 11.2% implica que las emisiones, en un escenario tendencial (BAU por sus siglas en inglés) de 53.85 millones de toneladas de CO2 equivalentes para el año 2030, serán reducidas a un valor de 47.81 millones de toneladas de CO2 equivalentes en ese año».
• En el punto 3.2.2 dice: «Guatemala plantea una reducción más ambiciosa que la anterior, de hasta el 22.6% de sus emisiones GEI totales del año base 2005 proyectado al año 2030. Esta reducción del 22.6% implica que las emisiones, en un escenario tendencial (BAU) de 53.85 millones de toneladas de CO2 equivalentes para el año 2030, serían reducidas a un valor de 41.66 millones de toneladas de CO2 equivalentes en ese año (ver Figura 1). Como condición para alcanzar esta meta ambiciosa, será necesario contar con el apoyo técnico y financiero necesario proveniente de recursos internacionales públicos y privados, nuevos y adicionales». La clave aquí de esta propuesta «no condicionada» es el «apoyo técnico y financiero» del exterior.
• Sigue: «Los sectores de la economía nacional con mayor necesidad de soporte para la implementación de las políticas y estrategias de reducción de emisiones son: bosques, agricultura y transporte».
• Para atacar el problema de la deforestación, el documento propone la estrategia corporativa aceptada a nivel internacional: «Implementación de la Estrategia de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques REDD+». Además propone seguir con esto: «Continuidad de la implementación y cumplimiento de instrumentos de política de gestión forestal en la que resaltan: la nueva Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques de Guatemala -PROBOSQUE, Decreto 02-2015-, el Programa de Incentivos Forestales – PINFOR – y Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal – PINPEP -, Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal con una meta de 1.2 millones de hectáreas, la Estrategia de Vínculo entre Bosque Industria y Mercado y la Estrategia Nacional para el Combate de la Tala Ilegal».
• En cuanto a agricultura, propone: «La existencia de una Política Agropecuaria para fortalecer el Sistema Nacional de Extensión Rural – SNER -, entre otros programas vinculados al Plan de Acción para la Implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral».
• En cuanto a la industria o «procesos industriales» propone medidas sin dientes: «Desarrollo y coordinación para el involucramiento del sector privado a través de acciones enmarcadas en la Política de Producción más Limpia, que se implemente como una herramienta de la competitividad y la gestión ambiental. Existencia de un Programa de Incentivos que motive actividades voluntarias de reducción o absorción de emisiones GEI, (Art. 19)».
• ¿Financiamiento? Nada concreto y mucho depende de las negociaciones sobre presupuesto en el Congreso: «El Fondo Nacional del Cambio Climático – FONCC -, como un importante instrumento financiero para la implementación de la ley (Art. 24), junto con el Fondo Nacional de la Conservación, FONACON y el Fondo Nacional para la Reducción de Desastres, regulado en el Art. 15 de la Ley Decreto 109-96; son instrumentos para canalizar recursos nacionales e internacionales necesarios para prevenir y/o enfrentar los efectos del cambio climático. Por ley, todos los fondos deben contar con los aportes determinados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado». Aparte de esto, apuesta en lo siguiente: «el fondo de canje de deuda por naturaleza con Estados Unidos y los programas de incentivos forestales existentes establecidos por las leyes, Programa de Incentivos Forestales PINFOR y Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal, PINPEP».

El problema o, mejor dicho, los problemas con la propuesta de Guatemala es que, ademas de ser una propuesta aguada que refleja la poca importancia que tiene el cambio climático no solo en la clase política sino también en las élites del Cacif, es que no tiene dientes, no tiene firmeza, no tiene recursos y tiene muchos agujeros profundos. Algunos ejemplos

• No dice absolutamente nada sobre la urgencia de transformar el sistema energético nacional y darle impulso a la energía renovable incluso dentro del marco de la transición a la «economía verde» capitalista;
• Una fuente de desigualdad y de pobreza es, como todo mundo sabe, la falta de electricidad en áreas rurales remotas, el monopolio transnacional sobre la disribucion de energía eléctrica en el país y la proteccion que recibe del Estado así como el papel que le han dado en la estrategia energética del país como parte de Katun 2030, y la construcción de mega-hidroeléctricas para seguir sirviendo a la agricultura exportadora, la minería y las ciudadades. El documento de Guatemala no dice nada de cómo adoptar formas alternativas de energía en áreas rurales que también contribuye a minimizar la deforestación, la <<conflictividad>> y la injusticia histórica contra las comunidades rurales particularmente indígnenas. Como todo mundo sabe, en Guatemala  la transnacional inglesa ACTI es dueña de Energuate que es la corporación distribuidora de electricidad supliendo energía eléctrica a 20 de los 22 departamentos de Guatemala cubriendo el 94% del territorio nacional y <<sirviendo>> a la mayoría de la población rural del país (ver http://tinyurl.com/nlo94db). Como todo mundo sabe la masacre en Totonicapán el 4 de octubre de 2012 estuvo vinculada a Energuate. Nelton Rivera lo pone así en Prensa Comunitaria: <<Fue durante el año 2012, miles de personas del pueblo maya Kiché de los 48 Cantones de Totonicapán realizaban una gigantesca concentración en varios puntos de la carretera Interamericana, la junta directiva ese día viajo a la capital para presionar al gobierno de Otto Pérez Molina con exigencias concretas: la conflictividad generada por la empresa transnacional Energuate, las reformas a la carrera magisterial y las mal llamadas reformas constitucionales en ese momento impulsadas por el gobierno. La respuesta del Estado fue la violencia desmedida, el ejercito de Guatemala masacro a 6 personas, hirió gravemente a mas de 50 en el kilómetro 169 conocido como Cumbre de Alaska en Totonicapán>> (ver http://tinyurl.com/pwnsvty).
• No dice absolutamente nada en cuanto a una reducción absoluta en la deforestación nacional afuera de los sistemas corporativos y comerciales como REDD+ que han sido altamente cuestionados por movimientos sociales a nivel mundial;
• No dice absolutamente nada sobre un impuesto nacional – aunque sea mínimo o incluso simbólico – al carbón (al estilo Noruego);
• No dice absolutamente nada sobre la expansion de áreas protegidas contra la exploración energética y un posible «fracking» en el país;
• Y, finalmente, no dice absolutamente nada sobre adopción de transporte público eléctrico.

Hay muchos otros vacíos en la propuesta de Guatemala que iremos analizando de aquí hasta la Conferencia de los Partidos en Paris en diciembre de 2015.

Por el momento solo es posible concluir que la «contribución» de Guatemala depende de la inercia y no de la ambición por lograr una política nacional climática y energética acorde con el desafío apocalíptico de gobernar al fin de los tiempos.

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Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es profesor adjunto en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University.

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