Stiglitz y Hersh advierten en contra del «libre comercio»
Marco Fonseca

La advertensia que Stiglitz y Hersh le hacen a Perú en contra de proseguir negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) con representantes de otros 11 países de Asia y el Pacífico  es igualmente aplicable al caso de Guatemala aunque Guatemala no sea parte de esas negociaciones.

Primero, Guatemala ya es parte del CAFTA, es decir, un TLC pro-corporativo que favorece más a EE.UU. y sus transnacionales y que ya está destruyendo la soberanía nacional, la capacidad de desarrollo económico para la vida y las comunidades que buscan soberanía alimentaria.

Segundo, porque EE.UU. quiere someter al Triángulo Norte de Centroamerica a su disciplina financiera, energética, agrícola y de seguridad con la mal-llamada «Alianza para la Prosperidad». Ésta estrategia pone candados firmes a las relaciones de desigualdad creciente entre Centroamerica y el Imperio del Norte pero disfrazados de «competitividad», de doble vía para el acceso a recursos e inversiones e incluso de «desarrollo sostenible» que supuestamente complementa las Metas del Desarrollo Sostenible recientemente aprobadas por la ONU. Hasta Ban Ki-moon le ha dado su aprobación a toda esta estrategia de domiancion imperial, neoliberal y globalizadora.

Y, tercero, el Cacif le ha propuesto al gobierno de AMA su «Política Industrial basada en Competitividad e Innovación» y que quieren que se despliegue durante toda una generación, es decir, a partir de 2016 hasta 2044. El Cacif quiere que Guatemala adopte, por medio de un gobierno ilegítimo y no electo, un modelo económico neoliberal y globalizador vinculante, incambiable por el pueblo, como si fuera la Constitución misma, exactamente del tipo que incluso economistas liberales pero progresistas como Stiglitz y Hersh dicen en su pieza de abajo que NO debe ser adoptado.

Tal y como lo dicen los autores en su pieza, «Considerando la experiencia pasada de los Tratados de Libre Comercio liderados por EEUU, y lo que podemos deducir de documentos filtrados de las negociaciones confidenciales que se están llevando a cabo, es que está claro que los negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de los países avanzados.» Lo mismo se puede decir de Guatemala ante la Alianza para la Prosperidad y ante las propuestas del Cacif. Más aún en el contexto de un gobierno débil, de rodillas, ilegítimo y con cuadros políticos hipotecados con el sector privado o directamente bajo su control.

¿Y por qué son dañinas para la ciudadanía chapina éstas propuestas de «desarrollo» transnacionales y elitistas, basadas en el mal-llamado «comercio libre» o la sagrada «competitividad»? Para resumir y parafrasear lo que correctamente nos dicen Stiglitz y Hersh en su pieza:

1. TLCs como el TPP perpetúan «las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual en formas que aumentan las ganancias de los dueños de la propiedad intelectual, a expensas de todos los demás.»
2. TLCs como el TPP o acuerdos como la ApP reducen la capacidad de los países miembros – entre ellos el Perú y Guatemala – de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, «porque crearía mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales. Y la empresa podría ser compensada, no solo por sus inversiones ya realizadas, sino por la pérdida de sus beneficios “esperados”, aun si sus ganancias se generan por la venta de productos que matan personas y aunque no haya habido discriminación alguna en la regulación nacional.» Esto lo podemos ver claramente con lo que está pasando en El Salvador en donde la minera transnacional OceanaGold está llevando Pacific Rim) al país a la corte y demandando el pago «compensatorio» de $301 millones porque El Salvador NO le concedió una licencia para minar y decidió respetar la voluntad de la población que iba a resultar afectada (ver http://tinyurl.com/ot6htgg).
3. Finalmente, el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado es «exactamente lo opuesto del significado previo de los derechos y obligaciones entre ellos.» En el marco TLCs como el TPP, CAFTA, la ApP (nueva versión del Plan Puebla Panamá), «los gobiernos tendrían efectivamente que pagar a los inversores extranjeros por no contaminar y no perjudicar a la población, en lugar de tener la libertad de regular a las empresas para asegurarse de que no perjudiquen a otros. Los mecanismos de solución de controversias existentes ya son bastante malos. Su expansión radical en virtud del TPP sería desastrosa.»

Si el gobierno de transición de AMA no quiere cometer los mismos errores del gobierno de Humala en Perú entonces dará instrucciones para rechazar, o por lo menos posponer tomar cualquier decision, en torno a la ApP y las propuestas del Cacif.

Vamos patria hacia la #RefundaciónYa

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es profesor adjunto en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University.

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