Democratizar el sistema político de Guatemala requiere una reforma estructural de la LEPP
Una reforma seria, democrática y estructural de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en Guatemala requiere, como mínimo, las siguientes reformas:
1) Eliminar listas nacionales e instaurar distritos electorales por encima del nivel municipal pero por debajo del departamental siguiendo líneas divisorias que resulten estudios y de consultas comunitarias regionales. Esas líneas no pueden ni deben ser impuestas desde arriba, por expertos/as, por élites o cúpulas partidistas o de la clase política o económica o por el Estado. Nuestra propuesta aquí no se trata solamente de adoptar listas semi-abiertas sino, incluso, de adoptar métodos de mayoría en distritos uninominales quizás en combinación con listas abiertas (para evitar arreglos de las cúpulas) de representación proporcional. En otras palabras, un sistema de representación proporcional personalizada que combina lo mejor del sistema de distritos de representación única con el sistema proporcional mayoritario basado en listas abiertas. El sistema de representación proporcional por listas que se usa en Guatemala está totalmente exhausto y constituye un método de reproducción de cúpulas partidistas, de la clase política dominante y de problemas estructurales como el transfuguismo ilegitimo.Es un acto básico de soberanía popular.
2) Para elecciones en el distrito electoral solo puede participar gente local o de reconocida trayectoria local o regional, con probada residencia distrital de por los menos 5 años y no simplemente comprando una propiedad en la localidad. Estas deben ser candidaturas de comités cívicos, movimientos políticos y de partidos políticos, es decir, no como lo ha sugerido la CC y está actualmente discutiéndose en el Congreso. Y deben ser candidaturas con paridad de género y con representación étnica que refleje la región o el distrito o que refleje su consentimiento explícito, algo que ya desafortunadamente ha sido derrotado por partidos dominantes en el Congreso. No hay reforma democrática de la LEPP sin paridad de género y, como lo plantean los movimientos sociales como CODECA, Asamblea Social y Popular, Marcha Indígena, Campesina y Popular y otros, sin reconocimiento efectivo del carácter plurinacional de la nación.
3) Actualmente la LEPP establece como objetivo del sistema electoral «la proporcionalidad y la representación de minorías». Para ello, «el sistema implementa una fórmula matemática proporcional D’Hondt (art. 203) que funciona en 24 distritos electorales con magnitud variable señalados por la Constitución (art. 157)». En Guatemala las cúpulas partidistas y las elites políticas han decidido «cerrar y bloquear las citadas listas favoreciendo con ello el poder de los partidos políticos. Son ellos quienes seleccionan el orden en el cual los candidatos se presentan, no los ciudadanos» (ver http://cees.org.gt/?p=1326).
Hay que instaurar un sistema de representación proporcional personalizada que combine lo mejor del sistema de distritos de representación única con el sistema proporcional mayoritario basado en listas abiertas junto a un proceso de selección de candidatos/as basado en primarias para la elección de los/as representantes designados/as localmente por comités cívicos, movimientos, partidos o independientes. El argumento de que «lo directo del sistema de distritos de representación uninominal muchas veces es dudoso y se le debe relacionar con el localismo» (Sartori) es cuestionable. Este sistema resuelve, con un pincelazo, la cuestión de si se vota o no por «una persona», por «una lista» o por un «un partido» así como el problema de la «representatividad» la que queda abrumada por una proporcionalidad de votos agregados. En este sistema el/la candidato/a que consiga el mayor número de votos es elegido/a como representante. Este sistema es usualmente combinado con un sistema proporcional plurinominal, es decir, un sistema en donde una porción de representantes son asignados/as a partir de las listas ABIERTAS de partidos. La opción de las listas semi-abiertas o cerradas en la tradición política de la república neoliberal en Guatemala – la que surge de la Constitución del 85 – está ya exhausta.
Esto también supone abandonar la fórmula matemática que es utilizada para calcular la proporcionalidad por medio de la distribución de votos, es decir, el sistema D’Hondt que actualmente se utiliza en Guatemala. Este sistema debe ser reemplazado por un sistema alternativo que empodere a la ciudadanía. Los problemas con el sistema D’Hondt son: a) su falta de proporcionalidad (el porcentaje de votos que obtienen los partidos políticos nunca tiene correspondencia real con el número de escaños que obtienen en el Congreso); b) es ser un sistema que favorece al continuismo y al status quo dominado por grandes partidos y sus élites políticas que, post-elección, también son capaces de afianzar su poder y dominación, aunque cambien de colores o bancadas, por medio de varios métodos (incluyendo el transfuguismo anti-democrático; la exclusión de oposiciones reales e independientes, la cooptación de partidos medianos, etc.); y c) el asignar valor distinto a los votos dependiendo del partido por el que se vote o el lugar de la votación (ver http://queaprendemoshoy.com/?p=12183). En lugar del sistema D’Hondt hay que adoptar un sistema distrital donde la elección de representantes sea por medio de un sistema mayoritario en donde la asignación de los escaños por cada distrito dependería del partido, comité cívico o movimiento que obtenga el mayor número de votos. Aunque este sistema mayoritario también tiene sus defectos (se dice del mismo, por ejemplo, que no es muy «proporcional»), el mismo es sin embargo más directamente compatible con el principio democrático.
4) Hay que instaurar un proceso de elecciones primarias por partido y por distrito. Se trata de un proceso de elecciones primarias dentro de cada partido, comité o movimiento político para que hayan varias etapas en el proceso de selección de candidaturas. También debe de reforzarse la prohibición a las campañas per-electorales e instaurarse la prohibición a la compra de publicidad en medios de comunicación y en espacios públicos en la temporada electoral aunque por supuesto que no se puede prohibir el activismo, la agitación y el proselitismo propio de la política misma. La propuesta que ahora se discute en el Congreso en cuanto a que el TSE debe regular el tiempo máximo de espacios en los medios de comunicación «a través de un plan de distribución igualitaria de espacios diferenciados» no es lo suficientemente clara en distinguir temporadas para la propaganda y financiamiento para la misma. Es bueno que el Congreso esté contemplando, a sugerencia de la CC, que los medios de comunicacion «remitan su pliego tarifario, así como la disponibilidad de sus espacios» y que «las tarifas para las organizaciones políticas no podrán ser superiores a las comerciales» (ver http://goo.gl/EBsu6l). Pero esto no es suficientemente claro en términos de facilitar y democratizar el acceso a los medios dominantes por parte de opciones políticas pequeñas, distritales o independientes.
5) Hay que prohibir las encuestas de opinión partidarias durante el proceso primario y el proceso electoral mismo e imponer multas elevadas si las mismas se hacen ilegalmente. Es obvio que los partidos, comités o movimientos pueden mantener sus propios sistemas de conteo interno para evaluar la evolución de sus campañas. Pero durante el proceso electoral las encuestas sirven para distorsionar o manufacturar la opinión pública, la cual debería de forjarse no en base a «tendencias de opinión» y el efecto de la misma sino en base a la información concreta, debatida y argumentado de los programas políticos que se ofrecen.
Hay que recordar siempre que las encuestas de opinión no recogen opinión sino que, después de contribuir a construirla, proceden a «reflejarla». Al final de cuentas lo que hacen es reflejar cuantitativamente – lo que les da un aura de objetividad, neutralidad y hasta cientificidad – el grado de influencia en términos ideológicos que ejerce las elites dominates por sobre la ciudadanía no solo a través de los medios corporativos de comunicación sino también por otros medios culturales mas difusos y discretos. Encima de esto las encuestas de opinión son productos corporativos que se compran y se venden como cualquier otra mercancía mediática y, como tales, son productos diseñados fundamentalmente para satisfacer demandas específicas y no para recoger o reflejar opinión pública. Si hay preocupación por la «verdad» o por la «realidad» en el sentir de la ciudadanía ello se da solo en el contexto de una verdad creada, moldeada, domesticada y normalizada con ciertos arreglos y para ciertos resultados. De lo contrario no constituyen un producto para la venta y no existiría clientela interesada en pagar por dicho producto.
Las encuestas no tienen nada que ver pues con los valores centrales de un proceso democrático, con el uso público de la razón argumentativa, con la libertad de prensa o la libertad de expresión del pensamiento. Son parte, mas bien, de relaciones hegemónicas de poder – que como tales siempre permanecen invisibles y se disfrazan de «objetividad» – en un contexto de mercadotecnia política y comercialización de elecciones como si fueran un «espectáculo» o un supermercado para consumidores utilitarios y pragmáticos. Como tales las encuestas son también parte de una concepción ideológica y económica de la acción humana, de la vida social y de las opciones políticas que pone énfasis en las «preferencias individuales» – sin nunca explícitamente reparar en la construcción de dichas preferencias por la cultura misma – como productos que se compran y venden como el abono y los fertilizantes para un terreno que de otro modo sería tan estéril como el desierto mismo.
Para que un proceso electoral realmente democrático sea capaz de servir para forjar sujetos colectivos y voluntad política colectiva, en un contexto de uso público, democrático y bien informado de la razón ciudadana, hay que eliminar las encuestas de opinión privadas por lo menos durante los períodos eleccionarios.
6) Hay que prohibir el financiamiento por parte de corporaciones, el sector privado organizado o donantes internacionales y multas elevadas si dicho financiamiento se da de modo ilegal. No es suficiente con simplemente designar «que la Contraloría General de Cuentas y el TSE puedan fiscalizar al Secretario General, Secretarios Departamentales y Municipales de cada partido político, así como a los comités cívicos» sin controlar la fuente del financiamiento. En todo caso donaciones de individuos/as no deben exceder un monto legalmente determinado y susceptible de ser concretamente fiscalizado. (Sobre el financiamiento, ver De #RenunciaYa a la Refundación: una propuesta para la coyuntura presente, http://bit.ly/1GgPEO2, p. 84.)
7) Hay que controlar y minimizar pero no prohibir el transfuguismo y asegurarse de que el mismo, si ha de ocurrir, sea legítimo. Para ello hay que instaurar un sistema de consultas en los respectivos distritos cuando un/a candidato/a quiera cambiar de partido/bancada. Dicho cambio debe ser aprobado por electores/as por medio de esas consultas. De no aprobarse el/la candidato/a tiene la opción de renunciar o de permanecer en la organización que lo/as elegió. De no obedecer el resultado, el/la candidato pierde la confianza y ello automáticamente resulta en un voto revocatorio. (Sobre el transfuguismo, ver http://wp.me/p6sBvp-ei).
8) Hay que «empoderar» a la ciudadanía y darle el control sobre el transfuguismo. Una solución ideal para ello es un sistema de voto revocador por distrito en caso de candidato/as pierdan la confianza o el apoyo de sus electores/as o decidan no acatar una consulta sobre transfuguismo.
9) Hay que instaurar un sistema de elecciones de medio término para el poder legislativo en lugar de ser simultáneo con elecciones para el poder ejecutivo como ocurre ahora. Ello puede permitir instaurar un sistema de fiscalización y rendimiento de cuentas de diputados/as independiente de las presiones y las transacciones que se dan como parte de un proceso electoral general.
10) El voto nulo en sí mismo no es y puede que no funcione para nada como un medio democratizador del sistema político. Puede hacer perfectamente lo opuesto. Siempre es posible que un partido dominante que ha perdido toda legitimidad, como ocurrió en 2015, pueda hacer uso del mismo como instrumento de paralización, cooptación y posible captura del proceso electoral. Aunque el voto nulo pueda abrir las puertas para que la ciudadanía no alineada con opciones existentes, pero también incapaz de organizar su propia opción alternativa, pueda echar por la borda las ofertas del continuismo, el elitismo y la dominación, ello no necesariamente democratiza al sistema. Porque si la ciudadanía es capaz de organizarse independientemente en contra de las opciones en oferta, sobre todo como parte de un proceso de construcción de una opción alternativa, ¿por qué no organizar esa opción en lugar de agitar a favor del voto nulo? Por tanto el voto nulo puede perfectamente bien favorecer a las fuerzas dominantes y puede servir, incluso, para paralizar o captura el proceso político en caso, por ejemplo, de que fuerzas alternativas pero unidas sean capaces de forjar una alternativa independiente pero no mayoritaria. Es un arma de dos filos.
11) El voto en el extranjero es un desarrollo positivo aunque hay que determinar con claridad la logística para organizar y llevar a cabo el mismo. Un mínimo de ciudadanos/as auto-organizados/as y debidamente identificados es la forma mínima de empezar esa incorporación.
12) El dictamen de la CC sobre «igualdad» o paridad de género es muy positivo pero ya las bancadas dominantes del Congreso lo han derrotado.
13) La limitación a 128 diputados por listas distritales y 32 diputados por listas nacionales para un total de 160 congresistas es arbitraria y anti-democrática. Hay que instaurar un sistema distrital y eliminar por completo las listas nacionales como se argumenta en los incisos 1, 2 y 3 arriba.
14) La reelección debe decidirse de modo democrático y no de modo dogmático. La no re-elección favorece al status quo mientras que la re-elección indefinida favorece a las los partidos dominantes y la clase política. La cuestión de la reelección debe darse en función de instaurar una oportunidad real de incidir en el proceso legislativo con cambios reales y significativos para las mayorías sociales, algo que es más factible de encontrarse en opciones alternativas y no en las dominantes.
Solo un Congreso electo de modo realmente democrático va a tener la legitimidad para implementar los cambios reales y de importancia nacional que requiere Guatemala en la coyuntura presente.
Vamos patria hacia la #RefundaciónYa
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University.
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Foto: Cerigua