Nota: el siguiente documento está sujeto a cambios y revisiones.
El Plan Serrano se ha apropiado de nuestras propuestas de reforma a la LEPP (ver, en otras de nuestras propuestas, http://wp.me/p6sBvp-u). Aunque todavía no llega hasta donde nosotros hemos llegado, ni toma en cuenta los distintos momentos y niveles de dicha reforma, va en esa ruta. Por ejemplo, lo que proponen sobre elecciones distritales es lo siguiente:
«• En las democracias representativas, los distritos electorales son uninominales, es decir un diputado por distrito.
• Las postulaciones son libres, y no necesariamente hechas por partidos.
• El representante que resulta electo, tiene que hacer campaña, no es arrastrado por una lista o por el voto general.
• Su electorado tiene la posibilidad de conocerlo y sobre esa base elegirlo, y posteriormente seguir y controlar sus acciones.
•Los electores saben perfectamente quién es la persona que los representa, así, cuando busque la reelección, el electorado sabe qué ha hecho y qué tanto ha visto por los intereses de su distrito y del país.
• Debido a la condición pluricultural de nuestro país, este sistema garantizará la representación étnica directa de sus distritos, pues los candidatos no vendrán ‘empaquetados’ en listados elaborados en las sedes centrales de los partidos.»
Pero, en cuanto al control ciudadano del Congreso, reduce el papel de la ciudadanía del siguiente modo:
«Resulta sumamente importante establecer en el país mecanismos para ejercer cierto control ciudadano en el ejercicio de la función legislativa, así como en el proceso de formación de la ley». Es más, dado que la «sociedad civil» no jugó ningún papel significativo en las protestas del 2015, es interesante que el plan Serrano diga: «Dentro de la Refundación del Estado consideramos fundamental la incorporación seria y organizada de la sociedad civil en la formación y elaboración de la ley.»
El Plan Serrano también propone la creación, en Guatemala, de un «primer ministro», electo por el Congreso, cambiar formalmente el poder ejecutivo en un sistema semipresidencial así como ampliar los poderes del Estado agregando uno llamado «poder de control» y elevando el rango del TSE a un «poder electoral». Sin embargo, aunque ésta propuesta tiene como objetivo acabar con el presidencialismo que ha prevalecido en Guatemala y Latinoamérica durante todo el siglo XX, el Plan Serrano de todos modos crea la figura del dictador disfrazado de demócrata: «El Presidente es el Jefe de Estado, tiene iniciativa de ley, es quien sanciona la ley, y por tanto tiene el derecho a veto». No puede haber nada más incoherente que dicha monstruosidad constitucional. Pero hay más.
En cuanto al «poder de control» el Plan Serrano no hace más que reciclar ideas superficiales de la poliarquía dahliana como las maneja, por ejemplo, gente del extremo centrismo (la gente «humanista», liberal, mucha gente socialdemócrata e incluso gente de las filas neoliberales de Guatemala). Por ello dice: «En nuestro sistema republicano, los balances y contrabalances típicos de las democracias representativas han sido los grandes ausentes.» Como si eso fuera decir algo nuevo en Guatemala o como si eso no fuera precisamente lo que está ayudando a consolidar la CICIG. Y en cuanto al «poder electoral» no dice más que lo que ya nos dice el sentido común dominante: «En la Democracia Representativa es imprescindible que los partidos sean verdaderos interlocutores entre gobernantes y gobernados y no simples cajas sofisticadas de empleo.» Se queda, pues, con una noción de «democracia representativa» de partidos – instituciones centrales de la democracia fallida y corrupta – que, aunque suene fresca, es más de lo mismo si es que no es peor.
Dado su cepo golpista, su participación en el Consejo de Estado de Ríos Montt y su experiencia en el 91-92, el Plan Serrano también propone – ¿qué más? – ¡un Consejo de Estado!: «El Consejo de Estado debe dar cabida formalmente a sectores importantes de la sociedad, organizados y con representatividad, para que como Consejo ejerzan funciones muy específicas, orientadas a complementar la función legislativa del Congreso de la República». Vamos, así, de regreso al futuro. Supongo que aquí, en su «mesa redonda», este Camelot de la «reconciliación» quiere que se sienten como iguales el Cacif y los 48 Cantones, ex-guerrilleros (divisionistas) y ex-militares (con vínculos al genocidio). ¡Vaya unidad!
Recordemos lo que hizo Ríos Montt con su Consejo de Estado:
«El Consejo de Estado inició el debate político y, con la participación del 30 por ciento de consejeros mayas, entre ellos un ixil, propuso una total apertura política. El antiguo Consejo Electoral, en el que los partidos políticos eran juez y parte, se transformó en el Tribunal Supremo Electoral, juramentado por Ríos Montt en 1983. Se abrió el esquema electoral a la participación de la izquierda. Se enviaron delegaciones al extranjero para que los exiliados volvieran. Se iniciaron los primeros contactos informales con la guerrilla» (Fuente: https://goo.gl/17iFbo).
Ahora bien, tal y como solía decirlo su maestro golpista Ríos Montt, Serrano también dice en su plan que «La Justicia es el único elemento que puede garantizar la paz social en el país». Pero se queda en la corrupción de la justicia como lo demanda la coyuntura de la restauración, es decir, en una noción de justicia como equivalente de limpieza institucional. Y, como es natural, se olvida que la justicia sin contenido social, material y reparativo no es justicia. La justicia sin castigo por el genocidio no es justicia. La justicia con extractivismo y explotación a ultranza no es justicia. La justicia con salarios diferenciados no es justicia. La justicia con despojo de tierras y con criminalizacion de la protesta no es justicia. Y aunque el Plan Serrano mete la noción del «buen vivir» (con minúsculas) a como de lugar, como retórica de la búsqueda de «un cambio de cultura y no de gobierno», la operación de drenaje del significado profundo del Buen Vivir que opera sobre dicha noción queda evidente cuando lo reduce a una simple y vulgar noción de «bien común» y «felicidad de todos los guatemaltecos». Esto no es lo que plantean los Pueblos Originales en Guatemala cuando hablan de Utziläj K’aslemal. La noción del Buen Vivir es suficiente, de hecho, para demostrar la vacuidad del Plan Serrano.
¿Recuerdan las acusaciones que hizo Serrano Elías cuando fue presidente y para justificar el «Serranazo» (25 mayo de 1993), es decir, su pobre imitación de lo que hizo Fujimori en Perú? Pues lo repite en el Plan Serrano aprovechándose, claro, de la coyuntura presente. Dice:
«El ejercicio de la Democracia representativa en Guatemala se ha visto seriamente afectada por estos hechos:
– El control de los medios de comunicación para manipular la información y la opinión limitan y condicionan el fluir de la información hacia los ciudadanos.
– Las campañas electorales en los medios, que claramente son influenciadas por los recursos económicos, más que por los planteamientos políticos o ideológicos.
– El financiamiento de las campañas, que proviene de grupos de poder económico, cuyo interés radica en la defensa de sus privilegios o de grupos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.»
En 1993, Serrano Elías quizo imponer su «Refundación» por la fuerza. Hoy la quiere venderla por la seducción, el engaño y la farsa de unidad entre grupos en total bancarrota moral y política. Basta leer el Plan Zamora, en elPeriódico, para darse cuenta que todo lo que hay en el Plan Serrano, como todo lo que hay en el Plan Zamora mismo, se queda en la superficie de un sentido común hegemonizado y, como tal, presa fácil de dirigencias perdidas que buscan su retorno al poder.
Pero hay que recordar el contexto y los motivos que llevaron «al Ingeniero» a querer imponer su «Refundación» en 1993:
«Al 12 de mayo, el estudiante de 17 años Abner Adiel Hernández fue asesinado en una violenta protesta frente al Congreso, como se comprobó en video, por la seguridad personal de un diputado. El descontento público continuó creciendo llevando a un paro general convocado para mediados del mes de mayo. Al mismo tiempo, una ola intensa de intimidaciones acosó al país, en la cual un catedrático universitario fue muerto a balazos, tres estudiantes fueron secuestrados en la vía pública y los cadáveres de personas asesinadas al azar aparecían sin orejas. Finalmente, una moción de la Alianza Cívica ante la Contraloría General de Cuentas para investigar las finanzas de Serrano, quien se había hecho de lujosas propiedades en su corto tiempo de mandatario, fue la última acción de la agitación ciudadana. El día posterior a este hecho, la radio nacional anunciaba el decreto de golpe de estado, que fue declarado inconstitucional en días posteriores por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala»
«Entre las medidas anunciadas en cadena nacional se mencionaron, mediante el Decreto 1-93. Disolvia el Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, destituyendo además, al Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, y solicitaba al Tribunal Supremo Electoral a convocar, en 60 días, una Asamblea Nacional Constituyente. La suspensión de más de cuarenta derechos constitucionales, así como de las Leyes de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Desde la temprana mañana, las casas del Procurador de los Derechos Humanos, del Presidente del Tribunal Supremo Electoral y del Presidente del Congreso fueron rodeadas por cordón policial. Asimismo, las reuniones de más de tres personas fueron declaradas prohibidas si estas no contaban con autorización. El Ejército fue desplegado controlando con tanques las entradas a la Ciudad de Guatemala y a la Universidad de San Carlos. En la semana posterior al golpe, centenas de jóvenes fueron reclutados a la fuerza» Fuente: https://goo.gl/JkhzgF
Para asegurarse del consentimiento social el Plan Serrano le da un lugar privilegiado a la buena «sociedad civil» (ojo, ¡eso no incluye a los movimientos sociales mayoritarios o a muchos coleetivos ciudadanos urbanos!). Aunque dudo mucho que haya gente pensante y mínimamente crítica en los colectivos ciudadanos urbanos, ya no digamos en los movimientos sociales mayoritarios, que vaya a tomar en serio el Plan Serrano, no es a estas iniciativas que sus planes están dirigidos (aunque haya caído la gente detrás del llamado «Frente por la Dignidad Guatemalteca». Pero es precisamente por ello que se dirige a la problemática y esencialmente comprada (por la cooperación internacional) «sociedad civil» de Guatemala. Aún para ésta, sin embargo, el Plan Serrano solo reserva un papelito relacionado con la vigilancia y la rendición de cuentas pues, en realidad, nada más se le puede confiar a la gente. Es muy similar a lo que hicieron comandantes guerrilleros y gobierno/militares cuando le asignaron a la «sociedad civil» (que ellos/as mismos en gran parte construyeron durante las negociaciones de paz) un papel de participación subordinada pero nunca realmente vinculante Como dice el plan:
«En el modelo actual, la atención está orientada a controlar los procesos electorales que se llevan a cabo periódicamente con la intervención de partidos políticos. La sociedad civil tiene legalmente representación en instituciones de gran influencia en el país, cuyas decisiones afectan significativamente la vida nacional. Sin embargo, en los procesos electorales de sus delegados nadie supervisa ni califica la representatividad de los electores ni de los electos; por ejemplos, los miembros de Junta Monetaria, IGSS, Juntas de Entidades Descentralizadas del Estado, Cortes, etc.»
De acuerdo al Plan Serrano, el que entre muchísimos otros problemas también recoge teoría política desfasada aunque todavía común dentro del extremo centrismo guatemalteco y las ONGs (al parecer no han podido comprar intelectuales orgánicos de mayor calibre académico), las «ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE ACTÚAN COMO ORGANISMOS INTERMEDIOS QUE VINCULAN AL INDIVIDUO CON EL ESTADO» y sirven, como también lo hacen los partidos políticos, para afianzar la hegemonía y normalizar los problemas que puedan surgir a medida que – de llegarse a transformar en poder – se consolida su propuesta de constitucionalismo antidemocrático ¿En verdad suena esto a «democracia»?
Por supuesto que no. El Plan Serrano es, en su esencia, un plan de cooptación antidemocrático. Hay evidencia de ello en todos lados, pero no tiene ninguna desfachatez en decirlo de modo explícito. Y lo dice así: El llamado CONSEJO NACIONAL DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DE REPRESENTACIÓN SOCIAL «Es el ente que estará encargado de la reglamentación y control de las organizaciones que representan política, étnica y socialmente a la población en general o a grupos determinados en particular». Ojo, «control» de organizaciones que representan a la población en general. Estamos hablando del retorno de una dictadura disfrazada de «democracia representantiva» con un Consejo de Estado anacrónico e incoherente en donde las élites de la buena sociedad civil se sientan para darle consentimiento a leyes, políticas públicas, etc., cocinadas de antemano por nuevas y viejas cúpulas de poder.
Vamos patria hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University.
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