Marco Fonseca
En el contexto de la corrupción y los juicios por corrupción que hoy vive Guatemala, ante el hecho evidente de que por años la clase política se ha enriquecido y protegido detrás del derecho de antejuicio, lo que dice la CICIG ahora tiene mucho sentido.
En el contexto de la restauración conservadora, a pesar de su carácter claroscuro, la presión internacional hace que los términos de la corrupción sean forzados a aparecer en blanco y negro. Esto significa, sobre todo, que sea el Estado el que se convierta el generador supremo de corrupción y, como tal, se convierte en el blanco no solo de la persecución judicial (lo que todo mundo ve como fue y bien justificado) sino también en motivo de crítica neoliberal. O sea que la corrupción ilustra no solo por qué hay que cambiar leyes e instituciones sino también por qué hay que reducir el tamaño del Estado, la esfera de aplicación de sus políticas, los controles que ejerce o puede ejercer sobre la vida económica y social, etc. En el claroscuro de la restauración, pues, se confunde la lucha contra la corrupción con la lucha contra la idea del Estado mismo.
Es pues preciso también imaginar un futuro redefinido por un poder constituyente desde abajo, democrático y rupturistas cuando la gente poderosa, el sector privado, las transnacionales y los organismos internacionales de tutela y promoción democrática decidan enjuiciar frívolamente a medio mundo en el gobierno o en el Estado por tomar decisiones contra sus intereses. Es preciso imaginar esto en un contexto refundacional, por ejemplo, donde gran parte de la acción estatal consiste en recuperar la soberanía popular y privilegiar la autodeterminación de Guatemala por sobre los TLCs y las transnacionales.
Lo que está pasando en Brasil y Venezuela es una ilustración perfecta de cómo el discurso anti-corrupción se transforma de manera conveniente y se usa para justificar el ataque contra Estados, gobiernos o políticas públicas con compromiso preferencial por lo social. Almagro y la OEA está efectivamente acusando a Venezuela de poner en peligro a la «democracia representativa» precisamente al «no tomar en cuenta» los deseos e intereses de la oposición neoliberal. Y así como están tratando de enjuiciar a Rousseff en Brasil, también quieren hacerlo con Maduro en Venezuela. ¿Cómo se puede proteger la política en función de los pueblos?
Si podemos imaginar otro Estado posible, ¿Qué protección va a haber para gente honesta tomando decisiones preferenciales para la gente de abajo, decisiones que por definición van a ser interpretadas por la gente de arriba como producto de «corrupción» y van a chocar con sus intereses?
Como es el caso de cualquier término delicado en política o cuestiones de Estado, por ejemplo el término Refundación, la corrupción también es un término polisémico e ideológico y está sujeta a una lucha ideológica por su despliegue conveniente o eliminación pragmática. Recordemos bien que en Guatemala, mucho más que el antejuicio, es la riqueza, el poder y el control de las armas los que han contribuido enormemente a generar impunidad. En la Guatemala de la restauración conservadora bajo tutela de la CICIG y La Embajada, sin embargo, los efectos se ponen primero que las causas.
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).
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