Colombia: ¿Hacia otros cien años de soledad?
Marco Fonseca
En muchos sentidos el acuerdo de paz final entre las FARC y el gobierno de Colombia es motivo de optimismo y felicidad para mucha gente (ver https://goo.gl/43CRXu). ¿Pues quién no celebra el anhelado arribo del silencio de los fusiles por ambas partes principales de un conflicto que ha durado 52 años? Nunca hay que quitarle la esperanza a un pueblo que ha sido crucificado, mutilado y traumatizado por elites rapaces y durante muchas décadas.
Pero la guerra revolucionaria en Colombia no surgió simplemente de violaciones a los derechos humanos o de la mera ausencia de «crecimiento equitativo». La raíz fundamental de ese conflicto militar está en la violencia sistémica del capitalismo agro-exportador, construido en la última década del siglo XIX, en manos de una oligarquía terrateniente políticamente salvaje así como las consecuencias grotescas del desarrollo de un capitalismo más o menos industrial, gracias a las políticas de sustitución de importaciones, encabezado por una burguesía industrial emergente pero también intolerante de la oposición (incluso liberal) y la crítica radical de la izquierda en sus varios colores y matices. El asesinato de Gaitán y la década de La Violencia lo demuestra más allá de toda duda.
Hoy, sin embargo, el acuerdo final entre FARC y el gobierno de Colombia encabezado por Santos no menciona al capitalismo, el neoliberalismo o la globalización corporativa y extractivista ni una sola vez (¡ni una sola vez!) y solo habla de «crecimiento económico equitativo». Es un acuerdo que, en materia de violencia sistémica, se olvida de todo y adopta el lenguaje neoliberal de «crecimiento equitativo y sostenible» que incluso la ONU y el PNUD manejan como si fuera palabra de dios. En materia de desarrollo rural, por ejemplo, se crea el «Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral», se lo define como:
«[Un mecanismo para] «lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra, el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación»
El mecanismo de «reforma rural integral» contempla otorgar «un subsidio integral para la compra de tierras por parte de las personas beneficiarias, en las zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntuales de acceso, y que cuente con medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres al subsidio». En otros casos el acuerdo contempla la concesión de créditos especiales para la compra de tierras. Todo esto se hace para beneficiar a «trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada. También podrán ser beneficiarias asociaciones de trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.»
El acuerdo final enmarca la «reforma rural integral» del siguiente modo:
«en desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir, y de integralidad, además del acceso a tierra, el Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras, planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, entre otros, y escalará la provisión de bienes públicos en el marco de los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial».
Sin embargo, el marco general dentro del cual se llevará a cabo esta «reforma rural integral» queda definido en los términos más vagos posibles:
«Que el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan una atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria» y que el objetivo de los planes nacionales de desarrollo rural integral es «la superación de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad».
Aunque todas las tierras distribuidas a pequeños/as o medianos/as campesinos son inalienables por un periodo de siete años, después de ese lapso la especulación de tierras bien puede dar lugar a su reconcentración y acaparación en manos de empresas nacionales y transnacionales precisamente por la ausencia de un mecanismo estatal o constitucional específicamente creado para prevenirlo después de esos siete años. Y ese es el corazón socioeconómico del acuerdo final.
Aunque el 29 de agosto de 2016 el primer comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), Nicolás Rodríguez Bautista, le envió una carta abierta a toda la militancia de las FARC en donde reitera «el respeto del ELN por los acuerdos pactados por las FARC con el gobierno aunque no los comparta en su esencia», es esa esencia la que constituye un problema serio para las mayorías sociales de Colombia. En su crítica a las negaciones de paz y al acuerdo final, el ELN hizo patente su rechazo precisamente a la «esencia» de lo que se llevó a cabo en las negociaciones en Cuba y lo que se encuentra en el producto final. Escriben:
«Se evidencia que el objetivo principal de la comandancia de FARC, es convertirse en una organización legal, aceptando unos acuerdos que exculpan al Estado de su responsabilidad en el desarrollo de la guerra sucia y el Terrorismo de Estado, a la vez que deforman los fundamentos esenciales del Derecho a la Rebelión. Así, el gobierno niega la naturaleza política del alzamiento armado y mantiene intacto el régimen oprobioso de violencia, exclusión, desigualdad, injusticia y depredación.» (ver http://goo.gl/hOq6wk).
De hecho, sobre la cuestión espinosa de los crímenes de Estado por masacres, desapariciones forzadas y otros crímenes de guerra cometido durante los últimos 60 años, el asesor principal del gobierno de Colombia en materia de justicia y derechos humanos, el jurista norteamericano Douglas Cassel dice:
«Los reconocimientos serán individuales, bajo el sistema de justicia transicional. La Corte Interamericana ya ha fallado una decena de casos de masacres colombianas y normalmente ésta ordena un acto público de aceptación de responsabilidades por parte de altos oficiales del Estado. Probablemente, se hayan hecho ya varias aceptaciones de responsabilidad. Más allá de eso, no sé qué va a hacer el presidente Santos, tiene que manejar de manera muy cuidadosa el proceso de paz. Si él comienza mañana a pedir perdón por todos los pecados del gobierno colombiano a lo largo de las décadas, esto será utilizado por los uribistas que le acusarán de ser abogado de las FARC, etcétera, etcétera.» (ver http://goo.gl/Qqft5y)
El cálculo realista en base a razones de Estado que toma más en cuenta el balance de fuerzas entre las elites colombianas que los principios centrales de la «justicia transicional» definidos tanto por leyes nacionales como internacionales prevalece así por encima del reconocimiento y reparación de los daños cometidos por el Estado colombiano y, en menor medida, por las FARC contra la propia sociedad colombiana que se contabilizan grotescamente en más de 220.000 muertos – el 81% de ellos, civiles -, más de 25.000 desaparecidos/as sólo entre 1985 y 2012, más de 27.000 secuestros entre 1970 y 2010, más de 11.000 víctimas de masacres entre 1985 y 2012 y más de seis millones de desplazados durante la duración del conflicto armado interno (ver http://goo.gl/QQic0F). Y tampoco hay mención alguna en el acuerdo final sobre el papel absolutamente central que jugó el envolvimiento de EE.UU. desde su entrenamiento en tácticas fascistas de contrainsurgencia hasta el financiamiento del Estado y el ejército antes y durante todo el despliegue del Plan Colombia. El imperio del norte queda así totalmente absuelto de todo delito y obligación de pagar reparaciones por su apoyo a un ejército criminal y en gran medida responsable de todos los acrimines listados arriba y de otros que no han sido mencionados.
De igual modo, aunque el acuerdo final está sujeto a su aprobación por referendo, el mismo no menciona ni crea mecanismos claros para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que de paso a la Refundación del Estado en Colombia sobre la base mínima de lo hasta hoy negociado. Santos, por supuesto, está feliz porque según él en el acuerdo se ha negociado todo. Pero esto está lejísimos de la verdad. Por comprensivo que le mismo parezca ser, el acuerdo final es sin embargo insuficiente en sí mismo como mecanismo para solucionar los problemas estructurales que está creando el capitalismo globalizado de Colombia. Pero ese acuerdo final, al mismo tiempo, puede servir de base real para un proceso refundacional encabezado por múltiples fuerzas – incluyendo a las FARC una vez se hayan convertido en fuerza política legal – transformadas en un nuevo poder constituyente en un país cuyas mayorías sociales, sin estos cambios, pueden resultar aisladas de nuevo en sus propios macondos rurales y con ello pasar otros cien años de soledad.
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).
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Foto: La Nación, Argentina