Dionisio Gutiérrez y la privatización de Guatemala

Marco Fonseca

«Nacido en Guatemala en 1959, es licenciado y máster en Administración de Empresas, Gerencia Internacional y Finanzas. Es también doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, con calificación cum laude. Actualmente preside la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala. Es miembro del Consejo Latinoamericano de la Universidad de Georgetown; del Consejo de Harvard Kennedy School; de la Iniciativa del Atlántico en la Universidad Johns Hopkins; del Comité de Fiduciarios de la Universidad Francisco Marroquín y del G50, grupo de líderes de América Latina, basado en Washington DC. Dionisio Gutiérrez ha sido presidente de la Cámara de la Libre Empresa y director general del programa de debates en televisión ‘Libre Encuentro’, que se transmitió durante 20 años en Guatemala, algunos países de la región y en Estados Unidos. Ha sido presidente corporativo de Corporación Multi-Inversiones, empresa en la que aún participa como miembro de su Junta Directiva.» (ver http://www.institutoatlanticodegobierno.org/?p=789).

Dionisio Gutiérrez es miembro de la Junta Directiva de Corporación Multi Inversiones y también pertenece a las redes familiares detrás de la corporación aunque la compañía esté en el presente públicamente presidida por Juan Luis Bosch.

«Corporación Multi Inversiones —también conocida por sus siglas CMI— es una corporación familiar multinacional, fundada por Juan Bautista Gutiérrez en la década de 1920 en Guatemala. En el siglo xxi, CMI abarca aproximadamente trescientas compañías y emplea a treinta y seis mil colaboradores, operando en doce países, principalmente en Centroamérica y el Caribe. La corporación está organizada en seis divisiones que operan en los sectores de molienda, restaurantes de comida rápida, operaciones pecuarias, proyectos de generación de energía renovable, proyectos inmobiliarios, operaciones financieras y telefonía móvil. Su empresa emblema ha sido Pollo Campero.» (Wikipedia).

La hidroeléctrica Renace II, parte de un complejo de 3 proyectos hidroeléctricos que Multi-Inversiones desarrolla en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, el complejo hidroeléctrico privado más grande de Guatemala y que está a cargo de la División de Energía de CMI presidida por Juan Carlos Méndez, comenzó a operar en 2014 como un trabajo conjunto de CMI y la constructora española ACS. Luis Solano dice correctamente que «el Grupo Multi-Inversiones es el que más celebró la privatización del sistema eléctrico así como el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA)». Pero fue el proyecto Renace el que sobre todo convirtió a CMI en el mayor generador privado de energía eléctrica del país y, sin duda alguna, está generando ganancias enormes para inversionistas como el Banco Industrial, Grupo Cobra (subsidiaria del Grupo ACS, uno de los grupos españoles de infraestructuras con mayor volumen de facturación en el mundo) así como empresas subcontratistas transnacionales como las españolas INCISA y Aldesa, OSSA y la guatemalteca EQUIPSA. Todo esto, también, como parte de la interconexión eléctrica regional promovida por EE.UU. para suministrar energía a México y hoy como parte estratégica del Plan Alianza para la Prosperidad.

A pesar del eslogan «Renace, energía con sentido social», el discurso de «desarrollo sostenible» que maneja la empresa y a pesar de las divisiones entre las organizaciones comunitarias de la región y la cooptación de algunos COCODES, es mentira cuando la empresa dice que «los proyectos de CMI no han enfrentado oposición de las comunidades circundantes» debido a «una amplia estrategia de Responsabilidad Social» (ver https://goo.gl/c51Xq7). El impacto de las hidros Renace en los derechos humanos y el medio ambiente de pueblos indígenas en la región ha sido profundo, ampliamente documentado y seriamente criticado por activistas y expertos/as nacionales y extranjeros (ver https://goo.gl/ZA5Cev). De hecho, «fuentes comunitarias han denunciado el papel del gobierno regional de Alta Verapaz (con alta presencia de militares) y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en una estrategia para generar confusión en las comunidades y facilitar así la entrada de las empresas extractivas en el territorio».

El capital que sostiene a la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala presidida por Gutiérrez así como la Escuela de Gobierno propiedad de Gutiérrez viene, pues, de fuentes financieras profundamente cuestionables, también de la cooperación internacional interesada en promover el neoliberalismo, sobre todo proveniente de EE.UU. y España.

Para una discusión más detallada sobre el origen del poder de los Bosch-Gutiérrez y sus vínculos con la restauración militar-empresarial conservadora y neoliberal, ver https://cmiguate.org/?p=11552