Poderes constituidos vs. poder comunitario: La mina San Rafael

Poderes constituidos vs. poder comunitario: La mina San Rafael

Marco Fonseca

José Rubén Zamora sale en defensa de la mina San Rafael. Y, para ello, toca todos los botones calientes que le gustan y que salen del cacifismo, de una ideología extractivista neoliberal, de un pensamiento que prioriza la acumulación capitalista nacional con participación decisiva del capital transnacional y que justifica todo esto, supuestamente, porque «crea empleos dignos». Pero lo que no menciona Zamora, PARA NADA, es que la resolución que la CSJ emitió en junio de 2017 estuvo fundamentada en la acción de amparo sometida en mayo pasado por CALAS alegando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no hizo las consultas comunitarias previo a autorizar las licencias. «Según Maldonado [director de CALAS], el MEM no realizó las consultas comunitarias porque en los lugares donde opera la minera no hay población indígena xinka, argumento que considera sin sustento.» Y como supuestamente NO HAY POBLACION INDIGENA, el Estado considera esas tierras como «vacías» de población y listas para la explotación, extracción y contaminación por parte de la minera canadiense Tahoe Resources (ver http://bit.ly/2vFfdPM).

Ahora bien, Rubén Zamora, como la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), la Cámara del Agro, el CACIF como un todo, alegan 1) que la falta de estas consultas populares «no es motivo para el cese de operaciones» y dicen que este argumento se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT; 2) que el cierre de la mina implica «la pérdida de más de 445.000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos al año»; y 3) «que la resolución “violenta la Constitución Política de la República” y pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) que revoque la decisión de la CSJ» (ver http://bit.ly/2vFLTc1).

Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, fueron concedidas por 25 años cuando ya, obviamente, estaba vigente el convenio 169 y, mucho más obvio, en un contexto de falta de consultas con la población Xinca afectada. No hablo de consultar solamente a los «1,600 empleos directos dignos y muy bien remunerados» de los que habla Zamora, los «más de 17 mil puestos de trabajo que están en riesgo» a nivel nacional según Ron Clayton, presidente la compañía propietaria de Minera San Rafael o los «más de 85 mil guatemaltecos se verán afectados» por falta del «efecto derrame» de la minera según el CACIF mismo (ver http://bit.ly/2vFiQoQ). Me refiero a las 16 mil personas auto-identificadas como Xincas ya desde el censo de 2002 y ya reconocidas como tales, en sus territorios específicos (y hasta con sus propios sitios arqueológicos para demostrarlo), por el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en 1995. Esa es la gente directamente afectada y quienes debieron ser propiamente consultados/as. Porque es gente que sí existe. Y la presencia innegable de las comunidades Xincas ha quedado patentemente registrada no solo en los Acuerdos de Paz sino por su propia incorporación a la Comisión Nacional Permanente de Tierras (CNP) (Decreto núm. 24-99, Ley del fondo de tierras), organización semi-autónoma del Estado mismo, así como en organizaciones como COPMAGUA y – desde 2002 – el mismo Consenso por la Unidad del Pueblo Xinka de Guatemala (CONXIG).

¿Cómo entonces puede Zamora, el gobierno, el CACIF y Tahoe Resources negar la existencia de los pueblos Xincas y, en base a ello, justificar la falta de consultas comunitarias de buena fe? ¿Cómo pueden negar las consecuencias muy negativas, tanto geológicas como sociales y ambientales, incluso constitucionales, que ya están siendo experimentadas por las comunidades asentadas en los tierra donde ilegalmente operaba la mina San Rafael? (ver https://www.plazapublica.com.gt/node/11903). Ni Zamora ni Clayton ni la AMCHAM ni el CACIF hablan de esto a no ser que sea para negarlo. Pero la gente sabe mejor. La gente lo vive en carne propia. La gente Xinca, sin embargo, ha vivido y ha crecido sin la minería y sin los megaproyectos – a pesar del clientelismo, la corrupción y todo atentado de manipulación por parte de la gobernación departamental y de gobierno central (ver http://bit.ly/2wB5OWI) – y ello quedó enfáticamente claro con la declaración que Enrique Arredondo, Alcalde Municipal de Nueva Santa Rosa del departamento de Santa Rosa, dio ante los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la defensa que hizo del territorio y los derechos del pueblo Xinka (ver http://bit.ly/2wBBQla). Por ello, sin consultas no hay «desarrollo» ni inversiones. Punto.

Ahora veremos qué decise la CC, sobre todo porque la CC se ha alineado rutinariamente con los intereses corporativos como en el caso Oxec. La violencia de la PNC contra ciudadanos/as de Casillas demandando el cierre de la mina San Rafael en junio de 2017 (ver http://bit.ly/2vFi778) y la falta de acciones del MP y la CC para «restaurar la paz» y el «orden constitucional» para bien ciudadano son signos ominosos de lo que podría venir desde la CC.

 


 

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

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