El consenso dominante

El consenso dominante

Aunque suene como lo profundo, en realidad es solo lo superficial.

La versión simple y potencialmente engañosa de la coyuntura presente es ahorita, en palabras de Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, repitiendo como si fuera propio lo que ya han dicho varias otras personas, la siguiente:

El plan para retomar el control de las instituciones estratégicas del Estado incluye, además de copar la junta directiva del Congreso y de la destitución del incómodo recaudador de impuestos, desaforar al PDH, deshacerse de la Cicig por la vía legislativa y elegir a un fiscal general afín a los objetivos de las mafias. (ver https://www.plazapublica.com.gt/node/13469).

Me temo, sin embargo, que los análisis de la buena sociedad civil, como los de Myrna Mack, no llegan al meollo del asunto y generan estrategias de lucha que se quedan dentro del consenso dominante. Son también, claro, discursitos que se pueden repetir de memoria en todo conversatorio, medio noticioso, Facebook y Twitter.

Lo que hay, lo que ese discursito no capta y no entiende, es una guerra de posiciones entre fracciones dominantes del cacifismo en donde una es tan corrupta (ejemplo, en todo lo concerniente a las privatizaciones, el extractivismo, evasión fiscal y fuga de capitales a paraisos fiscales, contratos con el Estado, destruccion ambiental, criminalización de la protesta, salarios diferenciados, etc. etc.) como la otra (ejemplo, apropiación criminal de los bienes, instituciones y personal del Estado). La pugna es en torno a cómo apropiarse del Estado y cómo usar al Estado y todos los procesos, instituciones y personal del mismo para implementar el proyecto militar-empresarial, territorializador y desterritorializador, nacional y transnacional, conservador y neoliberal, pero con o sin depuración de las elites de turno en el poder.

La corrupcion de unas elites (desde las corruptas privatizaciones de Arzú) o las otras (las descaradas y criminales apropiaciones de Pérez Molina) implica un cierto tipo de inserción en la globalización corporativa. Mientras que un modelo de corrupción que nunca aparece como tal, el modelo neoliberal, se vuelve la vara con la que se mide la transparencia y honradez pública, el otro modelo (el de la apropiación criminal del Estado) está cada vez más y más bajo la lupa y escrutinio de muchas instituciones, personal y burocracias internacionales. Mientras que un modelo es corrupto de modo implícito y normativo (porque está basado en una constitución y normas legales hechas a la confección del poder dominante), el otro es corrupto de modo explícito. Fue este modelo de corrupción el que quedó al desnudo con las investigaciones que la Cicig dio a conocer en 2015 y 2016. Pero esas investigaciones se quedaron cortas y no avanzaron al segundo y más profundo modelo de corrupción. Por ello es que se habla de “reformas al sector justicia” donde es posible apretarle las tuercas al modelo abiertamente criminal de corrupción. Pero de ninguna manera plantean una reforma constitucional estructural y profunda, un combate frontal al modelo de corrupción inherente a la Constitución existe, porque ello implicaría aceptar la crítica al consenso dominante que hacen los proyectos de la Refundación.

Quienes hablan y escriben sobre la “corrupción en el sector público” siempre presentan al sector privado como el reino de la competitividad, la transparencia y la eficiencia. Ignoran totalmente que lo opuesto es, de hecho, la norma. Pero hablar de la corrupción en el sector público es lo fácil. Y hasta se puede medir con precisión matemática como lo hace Fernando Chang en Plaza Pública. De acuerdo a sus datos:

En Guatemala la magnitud de la corrupción en el sector público ha tenido al menos 19 impactos negativos en la economía y desarrollo del país. Entre ellos, una baja en la clasificación de riesgo país, Estado de derecho débil, poca institucionalidad y un exorbitante atraso en las condenas del sistema de justicia (ver https://www.plazapublica.com.gt/node/13454).

Por eso, Chang explícitamente acepta y celebra lo que dice el consenso dominante sobre la corrupción:

El FMI dijo correctamente que no hay una fórmula única para atender este problema, pero considero que un sólido liderazgo político, reformas judiciales y jurídicas, reforzamiento de la transparencia, mecanismos de supervisión e imposición de cumplimiento de normas y la rendición de cuentas, son elementos a tomar en cuenta dentro de una estrategia para luchar en contra de la corrupción. Comparto totalmente lo dicho por el FMI como solución a este mal, y hago especial énfasis en que en Guatemala hay un gran retraso de la acción judicial que incide a que la ciudadanía sostenga enérgicamente su lucha contra la corrupción, ya que cuando no se ven sentencias no hay responsables y el tiempo contribuye a olvidar.

La Cicig, por tanto, juega un papel importante en el combate a la corrupción explícitamente criminal como la concibe el consenso dominante. Pero, en cuanto a la corrupción neoliberal, la Cicig actúa como brazo judicial de las elites transnacionales aliadas a la fracción políticamente depuradora del cacifismo en Guatemala, es decir, la fracción que quiere la privatización total pero sin necesidad de la apropiacion directa y criminal del Estado. Ello, en parte, porque dicho Estado es imprescindible para reterritorializar tareas indispensables (seguridad, migración, control poblacional, disciplina y educación social, etc.) que aseguren la implementación ya sea coercitiva o hegemónica del proyecto de inserción del Estado a la globalización corporativa. El Estado es el único medio todavía existente para “domesticar” la globalización aún cuando el mismo ha probado ya ser el medio menos adecuado para buscar su democratización global.

En el fondo, sin embargo, ni una ni otra fracción dominante de las elies es la buena o la mala. Ambas son ambas cosas dentro de contexto del Estado ampliado. Se trata de fracciones abigarradas, entrecruzadas, que a veces implementan un modelo de privatización corrupta y otras un modelo de apropiación y/o desposesión criminal de bienes sociales o públicos. El caso de Sinibaldi ilustra estas combinaciones claroscuras, complejas y contradictorias de estas fracciones dominantes y sus distintos y muchas veces combinados modos de privatización “legal”, apropiación “criminal”, desposesión “fraudulenta” y acumulación de capital simultáneamente enriquecedora como empobrecedora (ver https://cmiguate.org/?p=13022). El consenso dominante y sus porristas en la sociedad civil buena y permitida, sin embargo, dividen superficial e ideológicamente a estas fracciones y sus representantes tanto del más alto nivel como de niveles medios -políticos y burocráticos-  entre “los buenos” y “los malos” y los análisis de la sociedad civil buena y permitda, ahora incluyendo a muchos colectivos urbanos que se han plegado a ese consenso como su única estrategia de lucha realista y pragmática, se apegan a dicho discurso. Lo sepan o no.

Los movimientos que se señalan arriba, por tanto, no son expresión de una lucha entre los “buenos” y los “malos”, la “justicia” y “el crimen”, “los transparentes” y los “poderes oscuros”, como lo dice Rodas, Mack, etc., es decir, la buena sociedad civil que domina el discurso de la “lucha por la justicia”. No es una lucha entre los honorables y quienes defienden el verdadero Estado de derecho, la transparencia, la justicia vs. los “impresentables” como Baldizón, Morales, Arzú y sus camarillas legislativas. Es, como se dijo arriba, una lucha entre fracciones dominantes en torno a cómo utilizar el Estado neoliberal para insertar a Guatemala en el proceso de la globalización corporativa. Y en este proyecto, en cualquiera de las fracciones que salga victoriosa desde arriba y cualquiera de las narrativas de la sociedad civil buena que se impongan desde “abajo”, siempre pierden las mayorías sociales y se desvanece la lucha por la Refundación.

El tipo de análisis que nos ofrece Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, aunque buen intencionado, es un análisis binarista, superficial y también políticamente hegemónico por cuanto que le da expresión al consenso dominante como si fuera análisis independiente y, con ello, lo socializa como si fuera el deseo y la demanda, la voluntad de la “buena” Guatemala. Es, por ello, parte del consenso dominante cuidadosamente construido por la fracción depuradora del cacifismo en alianza con la Cicig misma, la cooperación internacional e incluso, con ciertas condiciones y contradicciones, la embajada imperial que también, por supuesto, apoya a la fracción en el poder que busca precisamente restaurar el despojo del Estado. Si el imperio no estuviera envuelto, la Cicig misma no tuviera capacidad de extender su persecución judicial al exterior, al imperio mismo, donde hoy se busca extraditar a Manuel Baldizón mismo por el caso Odebrecht. Y este caso, por cierto, ilustra perfectamente lo cruento de esa guerra de posiciones entre las elites dominates y los posicionamientos que existen en torno a la misma.

En tanto los mismos “medios alternativos” de noticia sigan propagando esa versión superficial de la “lucha contra la corrupción” y los “poderes ocultos”, las críticas profundas a las pugnas entre las fracciones dominantes en la presente coyuntura de la guerra de posiciones quedan, como siempre, relegadas al trasfondo insignificante de las luchas sociales.

Vamos Guatemala hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

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