La muerte de Ríos Montt nos hace pensar sobre un punto central de la cultura guatemalteca: la “personalidad autoritaria”. Esto ha existido por mucho tiempo, fue un factor en el derrote de los intentos revolucionarios del siglo XX, fue también un factor en la misma estrategia revolucionaria que intentó derrocar al Estado de seguridad nacional, y sigue siendo un factor en la Guatemala “post-conflicto.” Prueba de ello ha sido y sigue siendo la casi irresistible atracción ideológica y política que han ejercido y siguen ejerciendo personajes claramente autoritarios, carismáticos y conservadores desde la firma de “la paz” hasta el presente. Es, pues, un elemento de “psicología social de masas”, un elemento hegemónico, que se esconde detrás de la restauracion conservadora y neoliberal. Que no sorprenda, pues, que haya gente que desde las plazas hasta las redes sociales salga hoy a celebrar la vida de este insigne representante de la muerte. Y va a quedar para siempre registrado en la historia de Guatemala la enorme vergüenza política y legal para el sistema de (in)justicia del país, sobre todo para la CC que anuló la condena de culpable por genocidio que él recibió en 2013, el hecho de que este dictador evangélico haya finalmente encontrado la muerte antes que la justicia debida.

A continuación comparto una sección corta del primer capítulo de mi libro Entre la comunidad y la república. Ciudadanía y sociedad civil en Guatemala (F&G Editores, 2004 – ver http://goo.gl/gSKp19), donde dediqué el primer capítulo a hacer un análisis crítico del discurso, ideología y política de Ríos Montt.

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Los hechos históricos registran que durante los años en que el Sr. Ríos Montt ocupó la jefatura de Estado, el mismo:

• Intentó silenciar por completo todas las noticias referidas a violencia política (Decreto 9-82) estableciendo con ello un record claro de censura, falta de tolerancia con respecto de una esfera pública abierta y oscurantismo político;
• Emitió un decreto de amnistía para delitos políticos estableciendo con ello un record claro de impunidad que, al correr de los años, solo habría de seguirse ampliando y profundizando;
• Impuso el estado de sitio (Decreto 44-82) continuando con ello una larga tradición autoritaria y dictatorial de regímenes de excepción y consolidando la tradición militarista en la política guatemalteca;
• Amplió y profundizó la militarización del país por medio de la integración de zonas y destacamentos militares, incluyendo a ex-soldados originarios del lugar, consolidando con ello la hegemonía militar por sobre todo el territorio de la república y cerrando con ello el espacio para formas autónomas de organización social;
• Lanzó el Plan de Campaña Victoria 82 contra frentes guerrilleros del noroccidente y norte del país. Esta fue una ofensiva sin cuarteles no solo contra las fuerzas guerrilleras sino también contra la población civil (dentro de las cuales, muchas veces, se ocultaban los cuadros guerrilleros) que provocó decenas de miles de víctimas, enormes desplazamientos de población en el interior y hacia fuera del país. La ofensiva militar fue brutal y totalizante, sin misericordia alguna hacia la población civil inocente y desprotegida; todas las masacres asociadas con esta y otras ofensivas militares tuvieron un carácter bien planificado y estuvieron – de acuerdo al trabajo de la antropóloga Myrna Mack – marcadas por criterios que emanaban de la Presidencia de la República, es decir, directamente del Sr. Ríos Montt; estas y otras acciones militares junto a todas las violaciones a los derechos humanos que las mismas implicaron y necesariamente requirieron fueron retórica, ideológica y políticamente justificadas en nombre de una noción supuestamente “realista” de seguridad nacional;
• Inició la “campaña de tierra arrasada” por todo el altiplano occidental que resultó en cientos de masacres y destrucción de aldeas indígenas; como en el punto anterior, esta campaña de exterminio sistemático y solución final al problema persistente de la guerrilla se desplegó a partir de una ideología supuestamente “realista” de la lucha contrainsurgente;
• Creó las Patrullas de Auto-Defensa Civil (PAC) las cuales, en palabras de Americas Watch, llegaron a constituir la “fuerza paramilitar mas extensa de América Latina” en esos momentos;[1]
• Impuso instituciones no electas como el Consejo de Estado, estableciendo con ello un record sólido de paralegalismo irregular que, especialmente durante su presidencia en el Congreso de la República, habría de llevar a niveles mas amplios y peligrosos;
• Implantó los Tribunales de Fuero Especial para juzgar y condenar a la oposición armada en contra de todos los principios nacionales e internacionales del debido proceso;
• Fomentó la expansión de las maquiladoras como supuesta solución a la crisis del modelo agro-exportador y la falta de industria en la república;
• Impuso el Impuesto sobre el Valor Agregado, al 10%, que entró en vigencia en julio de 1983 al mismo tiempo que, satisfaciendo demandas del FMI y el sector empresarial, redujo el Impuesto sobre la Renta y los impuestos a la exportación; a pesar del discurso supuestamente anti-oligárquico que el Sr. Ríos Montt desplegó durante la campaña electoral del año 2003, estos antecedentes revelan las inclinaciones económicas de este líder político.

Como es de todo mundo sabido, en 1982 el Sr. Ríos Montt llegó al poder ilegítimamente, como un caudillo militar golpista esgrimiendo tantos las banderas del anticomunismo de seguridad nacional como de limpieza moral. El hecho de que él haya llegado a la jefatura de Estado supuestamente “invitado” por la oficialidad joven es total y completamente irrelevante para los efectos históricos, jurídicos y morales de su responsabilidad personal y profesional. El récord de su período como Jefe de Estado es ciertamente macabro y grotesco, una contradicción que mezcló sermones dominicales de amor y salvación divina con acciones militares cotidianas de terror, represión y tierra arrasada. Esto es históricamente inolvidable e imposible de perdonar sin justicia debida y castigo adecuado. Y esto debe darse ahora, aquí, en la Tierra. La pérdida de su inmunidad política como resultado de su derrota electoral ha traído un paso más cerca la posibilidad del enjuiciamiento del Sr. Ríos Montt. El reto ahora está en manos del Presidente Oscar Berger y de las nuevas autoridades judiciales en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia.

[1] Human Rights Watch, Human Rights in Guatemala during President De León Carpio’s First Year, New York: Human Rights Watch,, 1994, p. 78.

Vamos Guatemala hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

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Foto: Prensa Libre