Álvaro Arzú Irigoyen falleció ayer 27 de abril de 2018 a sus 72 años, en el sanatorio privado El Pilar de la zona 15, después de haber sufrido un infarto a las 5:30 pm. Como era de esperar para una persona de su linaje, se encontraba felizmente jugando golf, justo en el hoyo 9 del Club San Isidro de la zona 16, un club exclusivo de la burguesía conservadora y neoliberal de Guatemala, al lado de su hijo igualmente oligarca de linaje y de cuño conservador Álvaro Arzú Escobar, actual diputado y presidente del Congreso, así como junto a otros empresarios, cuando le dio el infarto. Así es como el viejo Arzú se escapa de las garras de la justicia, del MP y de la Cicig misma. Así es como, hasta el último momento de su vida, se sigue valiendo de la muerte para cimentar su impunidad entre los humanos.
¿Qué legado nos deja? La prensa corriente resalta sus 54 años de carrera política aunque no menciona su juvenil militancia en el Movimiento de Liberación Nacional o el partido de la violencia organizada. Hablan de su paso como Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) durante la dictadura de Lucas García, donde logró romper todos los récords existentes de ingreso de turistas a Guatemala, pero no mencionan su silencio total sobre la guerra contra-insurgente. Mencionan su ejecución como Presidente de «38 mil obras» aunque no mencionan sus grandes privatizaciones. Mencionan su contribución a la firma de la Paz en 1996 que puso fin a 36 años de un conflicto armado interno que dejó más de 250 mil víctimas (muertes y desaparecidas) y por lo que obtuvo el Premio de Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny 1996 de la Unesco, pero no mencionan su consolidación de la democracia tutelada y restringida, ejemplo clarísimo de ello siendo el intento de asesinar la verdad sobre el conflicto armado interno y, particularmente el genocidio cometido por el ejército, por medio del asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera el 26 de abril de 1998, cometido por el capitán del ejército Byron Lima Oliva, edecán y leal esbirro del Presidente Arzú (ver https://is.gd/NBSi4f). De igual modo, no se menciona el caso de Pedro Haroldo Sas Rompich, ese lechero que, posteriormente acusado de un posible «magnicidio», fue brutalmente acribillado en febrero de 1996 por José Obdulio Villanueva Arévalo, escolta de Arzú, por supuestamente no responder al alto que le hiciera el también escolta capitán Byron Lima Oliva, cuando el recién electo presidente se encontraba montando a caballo en carretera a San Juan del Obispo, Sacatepéquez, junto a su esposa, Patricia Escobar Dalton de Arzú (ver https://is.gd/ZmRW47). Mencionan su reconocimiento de la independencia de Belice cuando fungió como Ministro de Relaciones Exteriores del auto-golpista Serrano entre 1991 y 1992, pero no mencionan que lo hizo porque dicha declaración podía servir como trampa para Belice pues quedaba como «único documento» en el que ese país admitía un diferendo territorial con Guatemala. Mencionan sus cinco períodos, en el transcurso de 14 años, como Alcalde de la Ciudad de Guatemala ejecutando obras como el extenso alcantarillado de colonias marginales y la construcción del Transmetro, pero no mencionan la urbanización descontrolada y colapso casi total de la red vial así como de los cuatro puntos de acceso/salida de la Ciudad Capital, concentración de mejores proyectos en zonas afluentes, contaminación y basureros relegados a zonas marginales, aumento sin precedentes en la contaminación del aire y el agua, expansión histórica de «favelas» chapinas con todos los problemas que esto comporta, y la absoluta incapacidad de controlar el crimen urbano que van desde incesantes asaltos por motoristas y atracos en autobuses hasta secuestros relámpago y zonas capitalinas bajo el virtual control absoluto de las maras. Que no se nos olvide mencionar, también, que la dictadura municipal sirvió como el mecanismo perfecto para armar clientelas políticas y distribuir fondos a discreción personal por medio de muy cuestionables «fideicomisos».
Del legado de Arzú viejo, sin embargo, el que más resalta de todos es su consolidación del Estado neoliberal de derecho ampliado, es decir, el Estado corrupto y cooptado. Aquí ofrezco un extracto sobre dicho proceso.
«Fue durante y a partir del gobierno neoliberal de Álvaro Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) [partido que fundó en 1989] cuando el Estado neoliberal realiza todo su potencial a favor de la propiedad privada y la riqueza de los grupos privilegiados minoritarios. Ya desde el gobierno de Jorge Serrano Elías y su Movimiento de Acción Solida-ria (MAS) en 1991 y 1992, se empezó a construir toda la estruc-tura jurídica que, por un lado, planteó la “desmonopolización” del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) mediante el Acuerdo Gubernativo No. 98-93 y, por otro “eliminó las restricciones legales que prohibían la participación de capitales transnacionales
en las diferentes actividad energéticas” del país (Batres, 2014, página 15)*. Pero en el caso de Arzú Irigoyen, estamos hablando de las grandes privatizaciones que se inician en 1996 con la Ley General de Electricidad y la creación del llamado Mer-cado Mayorista (MM), lo que “concretó la ‘desmonopolización’ del sector eléctrico público” formalmente pero, sustancialmente, significó el surgimiento del monopolio en las actividades de transporte, distribución y comercialización del servicio, poniéndolo en manos de la transnacional española Unión Fenosa y la creación de las empresas Distribuidora Eléctrica de Occidente (DEOCSA) y Distribuidora Eléctrica de Oriente (DEORSA) (Batres, 2014, p. 17).
Este proceso siguió a toda fuerza en 1998 en medio de acusaciones de co-rrupción y fraude, y se expandió a la privatización de la Empresa Eléctrica de Gua-temala, Sociedad Anónima (EEGSA), al venderla a empresas transnacionales; la privatización de la entonces estatal Empresa de Telecomunicaciones (GUATEL) y la creación de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), con base en la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo 94-96); la eliminación del requisito constitucional de una mayoría de 2/3 en el Congreso para la enaje-nación de instituciones autónomas”; la desregulación de “los precios y condicionespara interconexión” y su establecimiento mediante “acuerdos entre los diferentesoperadores” y sin ninguna regulación de los precios (Bull, 2008, p. 97).
La privatización de TELGUA estuvo seguida de subastas de frecuencias de telefonía celular por medio de “Títulos de Usufructo” (propiedad privada); la pri-vatización de la Línea Aérea Guatemalteca (AVIATECA); del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI); de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA); impor-tantes concesiones privadas de la red vial, de los servicios sociales, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de la educación y la salud, de las redes turísticas, la red vial y de mucho más. Mucho de esto fue presentado y justificado por gente de las elites privilegiadas y del cacifismo como Jorge Briz Abularach, como alternativa a una reforma tributaria más o menos progresista y como solución al problema de la deuda externa de Guatemala, aunque el nivel de endeudamiento externo en sí mismo o, incluso, el proceso de privatización misma no había sido utilizado ni siquiera por los organismos financieros internacionales para imponer en Guatemala los muy infames programas de “ajuste estructural” (Bull, 2008, p. 106). Hoy, de esas privatizaciones durante el gobierno de Cerezo Arévalo, Mario López Estrada, ex Ministro de Comunicaciones en su gobierno y hoy Presidente de Tigo Guatemala (grupo Onyx), ha surgido como el guatemalteco más rico del país. Pero, por otro lado, de las privatizaciones de Arzú…
…la población guatemalteca, principalmente la que vive en las co-munidades rurales, aún no ha podido observar los beneficios ya que muchos de los servicios monopólicos son no solo deficientes, sino también onerosos (Batres, 2014, página 17).
Las privatizaciones se dieron, en realidad, por razones ideológicas y por de-manda del sector privado nacional y ocurrieron de manera más aguda, como apli-cación de la doctrina shock en Guatemala, durante el gobierno del PAN a partir de 1996. Como programa de gobierno, las privatizaciones siguieron al pie de la letra el guion del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) conocido como la “Ley General de Privatización” así comolas ideas de los Chicago Boys como Arnoldo Harberger, contratado en Guatemala por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)3 para apuntalar la“Ley de desmonopolización como medio para preparar un proceso de privatización” todavía más amplio y profundo (Bull, 2008, p. 85). La estrategia del sector privado de colocar a sus intelectuales orgánicos “en los más importantes cargos guberna-mentales”, desde el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo hasta el actual de Jimmy Morales Cabrera, ha tenido como resultado la consolidación de un Estado que des-pliega políticas públicas confeccionadas a la talla neoliberal del CACIF y las deman-das de la globalización corporativa. Y lo que resultó fue no solo el enriquecimiento sin precedentes de grupos empresariales y familiares que hoy constituyen parte del “Bloque en el Poder” del cacifismo sino que, como también lo ha demostrado Benedicte Bull, fue aquí cuando se inició la captura y cooptación del Estado mismo-es decir, la captura directa y criminal de sus instituciones, recursos y personal porparte de una fracción de las elites- que solo las investigaciones detalladas y do-cumentadas de la CICIG habrían de dejar evidenciadamente al desnudo en 2015 (Bull, 2008, p. 61).»
* Batres, R. (2014). «La generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Guatemala: una historia de nacionalizaciones y privatizaciones.» El Observador, 9 (No. 44-45), 5–38.
** Bull, B. (2008). Globalización, Estado y Privatización. Proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica. San José, Costa Rica: Flacso.
Fuente: Marco Fonseca, Hegemonía, ruptura y Refundación: crisis del Estado ampliado, de próxima publicación.
Vamos Guatemala hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).
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