Las tácticas de la Refundación y el programa mínimo

(Este es un documento en proceso de elaboración. Se ampliará; contribuciones constructivas son bienvenidas)

Aunque nunca podemos fijar de antemano le fecha de una revolución, sí sabemos, en nuestro caso, para cuándo debemos forjar una articulación si queremos llegar al poder en 2019.

Desde el punto de vista de los movimientos sociales, el momento presente está políticamente definido no solo por la crisis de hegemonía del Estado ampliado y el carácter abierto de la guerra de posiciones entre elites (y dentro de ellas mismas) y movimientos sociales sino también, aunque el extremo centrismo lo ignore y oculto en todo momento, la demanda y convocatoria de una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular (ACPP). La Idea de la Refundación es el espectro que hoy recorre por Guatemala.

Dado que las condiciones materiales ya están dadas y que tenemos una abundancia de propuestas refundacionales, con más en común de lo que las diferencia, todo depende, sin embargo, de la audacia y el coraje de líderes/zas y bases rizomáticas/organizadas para construir una articulación refundadora del poder constituyente que sea capaz de llegar al poder en 2019.

Propuesto ya desde la campaña electoral pero sobre todo desde el nuevo gobierno refundacional, eso allanaría el camino para:

1) Proponer y llevar a cabo reformas profundas y estructurales a la LEPP en base a las cuales se puede convocar a una ACPP (primeros dos años). Sin esto no se pueden echar las bases para una victoria decisiva de la refundación sobre la restauración conservadora y, detrás de ello, el Estado ampliado. Sin esto no se puede liquidar la corrupción y cooptación del Estado.

¿Cómo amenaza al poder constituyente el peligro de verse atado, domesticado, renormalizado por el proceso hegemónico de las elites dominantes que no van a descansar ni un solo momento en su lucha contra la Refundación? ¿Cómo lidiar democrática pero decisivamente con la “oposición” extrema (de la derecha conservadora en alianza con el centro neoliberal inconsecuente y con el imperialismo de Washington y la dominación de la clase capitalista transnacional) que sin duda se va a organizar contra las fuerzas y el proyecto de la Refundación? ¿Cómo se puede impulsar la Refundación hacia adelante?

2) Implementar programa mínimo de políticas públicas, sobre todo económicas, encaminadas a la redistribución de riqueza, reducción de las desigualdades sociales, raciales y de género. Esto ya no puede reducirse a buscar bajar los índices de pobreza y pobreza extrema en base al despliegue de planes de subsidio social para las personas y familias más vulnerables. Urge abandonar el asistencialismo y reeplazarlo por una combinación de políticas públicas más profundas y estructurales.

Pasos urgentes:

a) Creación de un nuevo marco regulatorio para la reforma y transición energética (favoreciendo y estimulando la energía solar y eólica por sobre la hidráulica o de carbón) que reconsidere los planes nacionales de expansión de generación y de transmisión para el periodo 2013 a 2030 que ha realizado el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y que han servido para ampliar y profundizar el extractivismo, la destrucción ambiental y el desplazamiento de poblaciones con la necesaria consecuencia de estimular la resistencia comunitaria. Es urgente impulsar infraestructuras verdes. En respuesta a los legítimos reclamos de muchas comunidades; urge impulsar una auditoría pública y abierta (con participación de los sectores implicados e interesados) sobre los costes reales y el impacto social y ambiental de todo el sistema eléctrico (los números sesgados de la industria https://elperiodico.com.gt/inversion/2018/10/11/conflictividad-puede-colapsar-el-modelo-del-sistema-electrico). Esto implica investigar tanto los reclamos comunitarios como los reclamos que hacen empresas como Energuate a efecto de que “la conflictividad social” están causando “pérdidas no técnicas”, sobre todo a las distribuidoras de energía eléctrica, y que ello justifica un incremento sustancial en el cobro del llamado “Valor Agregado de Distribución (VAD)” que va a autorizar la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para el quinquenio que se inicia en mayo de 2019 (https://elperiodico.com.gt/investigacion/2018/10/10/cnee-y-energuate-revisan-vad/). Los problemas de fondo, las prácticas abusivas de los grandes monopolios corporativos y los reclamos contradictorios que han surgido en el sector energético demandan una reforma profunda a la Ley General de Electricidad (Decreto No. 93­96 del Congreso) que facilite y estimule la transición energética de un modo atento a las necesidades sociales y ambientales más apremiantes, el desmantelamiento de los monopolios nacionales o transnacionales de distribución y producción energética, así como el impacto ambiental y los desafíos del cambio climático; recuperación nacional de empresas distribuidoras y productoras de energía eléctrica y reconceptualizar los “subsidios” (provistos, por ejemplo, por el INDE o Energuate en base a la tarifa social para los usuarios regulados que fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)) para usuarios (recordando que solo el cierra de represas genera contra-ataques corporativos y que las amenazas crecerían más en casos de nacionalización como lo demuestra la amenaza hecha recientemente por el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores, Horacio Fernández cuando dijo que “de dejar de operar la hidroeléctrica Chixoy podría aumentarse la tarifa a los usuarios hasta en 10%” – https://www.prensalibre.com/economia/tarifas-subirian-10-y-subsidio-se-afectaria-si-sacan-de-operacion-hidroelectrica-chixoy); cese de construcción de nuevas hidroeléctricas; consultas comunitarias donde ya haya proyectos hidroeléctricos pero no se hayan llevado a cabo las consultas y revisión de impacto ambiental y social de los proyectos privados existentes; implementación de una política nacional de acceso mínimo al suministro de energía eléctrica dando prioridad a regiones desconectadas, marginadas o abandonadas por el Estado y el sector privado; estimular la competencia para facilitar estos procesos, pero de ninguna manera esperar que dicha competencia lo provea todo.

b) Creación de una marco regulatorio para la participación comunitaria y ciudadana en todo proyecto mayor de infraestructura público o privado, urbano y rural, como, por ejemplo, carreteras, puertos, hospitales, transporte público, etc. Esto implica una revisión a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y otras leyes similares incluyendo acuerdos de inversión bilateral y cláusulas sobre disputas entre inversores y el Estado en los TLC. Parte de esta revisión también consiste en redefinir, en función de la soberanía nacional-popular, toda cuestión de plazos de adjudicación, cancelación de adjudicación, indemnización y beneficios.

c) Impulso y desarrollo estratégico de la agro-ecología y la seguridad alimentaria; atención prioritaria para el desarrollo de las regiones donde actualmente se concentra el hambre, la pobreza, la desnutrición y la muerte prematura como, por ejemplo, el llamado “corredor seco” y las comunidades indígenas del altiplano occidental. Estos son problemas complejos y están interconectados y no se pueden resolver por medio de soluciones provisionales o de corto plazo. Los megaproyectos mineros e hidroeléctricos también está exacerbando la escasez de agua y la expansión de los monocultivos está exacerbando la pérdida de tierras y medios de vida; el cambio climático  a su vez también empeora la escasez de agua, alimentos y el hambre y contribuye a prolongar y agudizar las “canículas” y la sequía, empeorando la pérdida de cosechas (sobre todo de maíz y frijol) y, por tanto, agudizando la hambruna y la crisis alimentaria que los/as agricultores de subsistencia y sus familias experimentan al no podrán consumir ni almacenar suficientes alimentos para los meses fuera de cosecha. Según proyecciones recientes, la posible llegada del fenómeno de El Niño a fines de 2018 – y su repetición cíclica y empeoramiento por el cambio climático – podría agudizar la precaria seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades rurales vulnerables en Guatemala. “Justo cuando las comunidades rurales se recuperaban de la sequía de 2014 y del fenómeno de El Niño de 2015, los más fuertes registrados en la historia reciente, un nuevo evento climático vuelve a golpear a los más vulnerables”, dijo Miguel Barreto, Director Regional de WFP para América y el Caribe (http://es.wfp.org/FAO-y-WFP-preocupados-por-el-grave-impacto-de-la-sequia-entre-los-mas-vulnerables-de-Centroamerica). Todo esto, a su vez, contribuye a elevar los niveles de migración y, en consecuencia, al racismo ambiental y la violencia estructural. En su ruta hacia el Norte, mucha de esta gente pasa por los pueblos fronterizos con México, exacerbando las propias condiciones de pobreza y exclusión preexistentes en estas regiones.

La crisis alimentaria exacerbada por la sequía no ha escapado a los ojos y la indignación de la comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) han expresado su preocupación por el grave impacto de la sequía entre los más vulnerables de Centroamérica, incluyendo a Guatemala (ver http://es.wfp.org/FAO-y-WFP-preocupados-por-el-grave-impacto-de-la-sequia-entre-los-mas-vulnerables-de-Centroamerica). La evidencia demuestra que hay un vínculo claro entre la inseguridad alimentaria y la emigración (ver http://es.wfp.org/content/seguridad-alimentaria-y-emigración-por-qué-la-gente-huye-y-el-impacto-que-esto-tiene-en-las-familias). Pero es importante reconocer, de entrada, que las políticas asistencialistas y clientelistas aplicadas por gobiernos sucesivos en Guatemala han fallado. La respuesta del Estado, aunque se formule dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es reactiva y no preventiva y, por tanto, no logra resolver de raíz la crisis alimentaria en Guatemala. Año tras año el Estado espera que lleguen las lluvias como solía ocurrir “antes” y, ante la falta de su llegada o la forma errática y escasa de su arribo, las instituciones del Ejecutivo encargadas de atender la seguridad alimentaria y nutricional, agrupadas en torno al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), se ven en la siempre pronosticada necesidad de declarar un “estado de calamidad” y, en base a ello, pedir presupuesto (en un presupuesto cuyas prioridades no son los intereses de las mayorías sociales empobrecidas) “para ayudar a las familias que perdieron sus cultivos debido a la canícula prolongada” (ver https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ejecutivo-necesita-q600-millones-para-atender-emergencia-por-sequia-prolongada). ¿Cómo es posible que, a pesar de que la crisis alimentaria es una crisis recurrente y estructural que afecta a un enomre porcentaje de la población guatemalteca más vulnerable, el Ministerio de Agricultura, no cuente con recursos suficientes para cubrir esta desafíos? Urgen programas estructurales de fondo y a largo plazo para erradicar el hambre, la pobreza y las crisis alimentarias recurrentes del corredor seco. Solo esto puede desalentar la emigración de personas – particularmente de la niñez – de modo “ilegal” y ofrecer una vida digna de ser vivida, por opción y no por inescapable necesidad o destino, en Guatemala.

Guatemala debe dar in giro económico estratégico, senti-pensante, para alejarse tan rápidamente como sea posible de los megaproyectos mineros e hidráulicos y los monocultivos (como la palma aceitera, etc.) y refundar la agro-ecología sostenible así como la reconstrucción de ecosistemas profundamente dañados, si es que no destruidos, por la expansión de la frontera agrícola corporativa, agro-exportadora y globalizada. Reconstruir con resiliencia climática es una prioridad impostergable y urgente. Esto implica lanzar un programa nacional de revisión de todos los megaproyectos y monocultivos con énfasis en su impacto comunitario, ambiental y climático.

La reforma agraria. ¿Debe la Refundación repetir la reforma agraria de 1952? Sí y no. (ampliaremos).

d) Hacia un nuevo modelo urbano y de infraestructura urbana. Tomando en cuenta que la Municipalidad de Guatemala dio a conocer recientemente sus reformas al acuerdo que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Guatemala y creó la junta directiva que velará por ese tema (acuerdo COM-15-2018), la cuestión de el modelo urbano es una cuestión urgente. Para empezar, todo plan y toda institución dedicada a la planificación de la urbanización debe tener  participación ciudadana o comunitaria. Considerando que en Guatemala “existen 497 asentamientos” y que “el 80 por ciento están en riesgo y muchos de ellos están en la Ciudad de Guatemala” (https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/comuna-capitalina-crea-junta-directiva-para-el-ordenamiento-territorial). Considerando que hasta hoy la urbanización se concibe en términos fundamentalmente capitalistas y no en términos de calidad de vida o de Buen Vivir, como lo demustran incluso  declaraciones sobre “la ocupación planificada de un suelo” y como dicho modelo “da más valor, genera más prosperidad y más calidad de vida, contrario a la ocupación espontánea que acumula una nueva forma de pobreza” (https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/10/11/enade-2018-expone-hoy-los-beneficios-de-una-urbanizacion-planificada/). El plan de urbanización de Fundesa, el Cacif y la Enade que gira en torno a nueve “ciudades intermedias” es un plan problemático por ser ambientalmente agresivo y depredador dadas sus demandas territoriales, hídricas y energéticas que el Cacif ve satisfechas con más deforestación, hidroelectricas e infraestructura privada. Es un plan de ciudades modelo al estilo de Honduras (https://www.elheraldo.hn/pais/572616-214/ciudades-modelo-pueden-significar-empobrecimiento-para-honduras), es decir, ciudades al servicio de la acumulación capitalista bajo un modelo neoliberal de “desarrollo”. El discurso de “vivienda para el desarrollo” es pues un discurso del consenso dominante. Urge vivienda para el Buen Vivir en la época de cambio climático y globalización corporativa. Urge atar la reforma urbana a las reformas anteriores (reformas de decrecimiento), a la reforma fiscal (IUSI, impuestos a la propiedad, impuestos a las emisiones de gase de carbono, etc.), a políticas de vivienda popular y acceso, a la construcción de servicios e infraestructura, etc. La participación de la ciudadanía excluida y marginada debe ser una prioridad en la planificación urbana a todo nivel (se ampliará).

e) Hacia una nueva política industrial para el Buen Vivir y la adaptación climática. La importancia de la propiedad social debe ser enfatizada en una nueva constitución.  Pero es posible darle una nueva dirección a la industria para fomentar el Buen Vivir. Una forma efectiva de democratizar la economía guatemalteca es nacionalizando el sector minero y poniéndolo en manos de comisiones trilaterales que involucren al Estado, las comunidades y el sector privado. Esto solo donde las consultas comunitarias, necesidades sociales y estudios de impacto ambiental lo permitan. (se ampliará).

Hay que plantearse seriamente el desarrollo de una política industrial que enfatice lo propio de Guatemala y no la simple imitación de lo extranjero; estas políticas deben estar respaldadas con fondos públicos pero sin aumentar la deuda externa o el déficit fiscal, lo que requiere de una reestructuración mayor del gasto público en base a las prioridades del Buen Vivir en la era de la globalización y el cambio climático.

f) Revisión de los TLC y su impacto sobre los sectores económicos estratégicos de Guatemala. Donde los TLC no sean compatibles con los puntos a, b y c anteriores, los mismos tendrán que ser replanteados o renegociados; donde los TLC o el modelo de acumulación existente no permita la diversificación económica (en parte para cumplir con a, b y c arriba), estos tendrán que ser revisados y el Estado tendrá que asumir un papel protagónico y de dirección y liderazgo en conjunto y coordinación con secotres afectados e interesados.

g) Reforma educativa que traiga la educación a la población y no la población a los centros donde se concentra la educación. Es hora de que Guatemala tenga su “reforma universitaria de Córdoba” para el siglo XXI pero también una reforma del modelo y curriculo escolar desde la primaria a la educación media. Debe ser una reforma que encare abiertamente los retos de la Refundación en el contexto de la globalización y del cambio climático. Pero también debe ser una reforma educativa que fomente los valores fundamentales del Buen Vivir: respeto a la naturaleza, respeto a la diversidad sexual, respecto a las decisiones de las mujeres, respeto al pluralismo cultural, etc. Guatemala requiere de un nuevo consenso progresista en torno al desarrollo, fomento y expansión de una cultura científica senti-pensante, una cultura donde se apueste al desarrollo de conocimiento “superior” al mismo tiempo que se impulsen las epistemologías alternativas desde las comunidades indígenas y el protagonismo de la juventud y las mujeres. Es urgente que el Estado se plantee hacer inversiones en ciencia y haga esfuerzos para atraer científicos/as de la migración guatemalteca. La investigación superior en Guatemala, tanto como la acreditación académica, tienen que estar sujetos a un control riguroso e internacionalmente reconocido y avalado. El aislamiento científico de Guatemala tiene que acabar. La lucha por el desarrollo científico y contra el fraude académico deben de impulsarse simultáneamente y con fuerza. No hay duda que el sector empresarial puede hacer contribuciones en esto, pero no puede ser el fin de esta transformación. El fin de esto es el Buen Vivir.

Hay que impulsar y aprender de las pedagogías indígenas en Guatemala. El Estado ampliado y los gobierno corruptos y cooptados en Guatemala han venido desatendiendo e indirectamente privatizando la educación del país, han venido incrementando su conteniod religioso, han venido disminuyendo su contenido humanístico a favor de los campos STEM requeridos por la globalización capitalista. En Guatemala el Estado ampliado ha puesto la educación al servicio de las corporaciones capitalistas nacionales y transnacionales; la reforma educativa de Arévalo ha quedado como un recuerdo y la eduación deja de experimentarse como un derecho. A pesar de todo, los pueblos originarios están experimentando con varios modelos educativos incluyendo la fundación de sus propias universidades con sistemas pedagógicos y epistemologías propias inspirados en el Buen Vivir: la protección de la madre tierra, la defensa territorial, la agro-ecología, el redescubrimiento, adaptación y evolución del las ciencia maya, el arte maya, y revitalización de las lenguas originarias.  Muchas de estas iniciativas educacionels y culturales crecen sin apoyo del Estado ampliado y, muchas veces, ya sea con el desdén del sector privado o con su folclorización para los efectos comerciales del turismo.

h) Reforma fiscal progresiva pero no depresiva. (en elaboración). Es preciso modificar los impuestos indirectos, como el IVA, para satisfacer los criterios del Buen Vivir. Es preciso modificar el sistema impositivo (incluyendo impuestos como el IUSI) para hacerlo compatible con la transición energética, agro-ecológica, diversificación industrial, reforma educativa, etc. Es urgente desarrollar un sistema fiscal acorde con los desafíos ecológicos y climáticas en la época del Antropoceno. (se ampliará)

i) Reformas al sistema financiero. (se ampliará) Deuda pública y participación social en decisiones sobre la deuda nacional; control y limitación de los créditos fiscales a las empresas; revisión de sanciones a quienes tengan deuda fiscal con el Estado; prioridades fiscales para las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y estímulos para la creación de estas empresas afuera del Departamento de Guatemala; dado que en Guatemala la mayoría de Mipymes son empresas individuales, el Estado fomentará, sobre todo, el cooperativismo o el mutualismo con incentivos financieros y fiscales para la creación de empleos cooperativizados y actividades que contribuyan con la economía del Buen Vivir.

j) Reformas laborales. Urgen políticas de creación de empleo que surgan del despliegue de las políticas a – i. Urge la formalización e integración del empleo informal a un nuevo cooperativismo, en nuevos sectores agrícolas comerciales e industriales, en empresas recuperadas, en todas las actividades compatibles con el Buen Vivir; urge crear fuentes de contratación para trabajadores/as informales en la “economía formal” o sector privado. Urge incorporar la economía informal al IGSS y a otros programas sociales no asistencialistas ni clientelistas. Urge acabar con los salarios diferenciados e iniciar un proceso participativo y democrático para determinar salarios reales y justos tanto en el sector privado como público. Urge revisar todas las secciones relacionadas con el trabajo y los salarios en los TLC existentes, acuerdos bilaterales de inversión, zonas de libre comercio, etc. (se ampliará).

k) Reformas al sector salud. Todo mundo sabe que el sistema de salud en general y el sistema hospitalario en Guatemala está en crisis terminal. La salud en áreas rurales es todavía más urgente y precaria. Urge la creación de centros de atención sanitaria en poblados rurales y marginados bajo el principio de hay que traer la salud a quienes no la tienen. (Se ampliará)

Estos son parsos decisivos, pero mínimos, para desmantelar el neoliberalismo, erradicar la cooptación/corrupción del Estado existente hasta que sea reemplazado en base a una nueva Constitución y combatir la desigualdad y la exclusión (todo el período), etc. (Esto se ampliará).

3) Expandir sin discanso la articulación rizomático-disciplinada así como el vínculo entre las comunas refundacionales y el gobierno de los/as de abajo (“gobernar obedeciendo”), para consolidar el proceso desde abajo hasta arriba. Como no hay duda alguna que las clases dominantes (incluso los grupos más afines dentro de las mismas) le va no solo a dar la espalda al proceso refundacional sino que lo van a oponer sin tregua, hay que impulsar sin parar el alcance y la envergadura de la Refundación. La lucha contra-hegemónica no puede detenerse en ningún momento.

La presente propuesta de programa mínimo es urgente porque en el momento presente, entre otras cosas, el extremo centrismo (una expresión de las elites dominates en alianza con cuadros bien conocidos de la sociedad política y con apoyo de grupos y movimientos en la sociedad civil buena y permitida) se plantean conseguir un arreglo (aunque no lo llamen así), lo más normalizador y desactivador posible (aunque lo presenten como producto de las grandes protestas de 2015), entre la restauración y la ciudadanía indignada (incluyendo alguna gente de los movimientos sociales rupturistas) que deje tanto como se posible del Estado neoliberal ampliado (al que ven como un “Estado de derecho”) en manos de las fracciones dominantes del bloque en el poder. Aunque se planteen elevar los niveles del asistencialismo social (al que llaman “desarrollo humano sostenible”), esto deja intactas las estructuras sociales y económicas profundas que mantienen marginados, desplazados y oprimidos a los movimientos sociales mayoritarios, a la gente trabajadora y campesina, a la gente indígena y a las mujeres. Y esto también deja sin esperanza a la juventud que irrumpió en la escena política nacional con el gran acontecimiento de 2015.

Todo esto depende de la voluntad, audacia y coraje de los movimientos sociales y colectivos urbanos progresistas en cuyas manos está forjar esa articulación y construir ese poder constituyente.

La pregunta es, como decía Lenin, ¿Nos atrevemos a vencer?

 

Vamos Guatemala hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

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