“Gobernabilidad democrática”

“Gobernabilidad democrática”

Hay que recordar que el concepto de “gobernabilidad” es un concepto fundamentalmente conservador.

Una de sus primeros usos, en ese sentido, se dio con la Comisión Trilateral y su ideólogo central, Zbigniew Brzezinski a partir de 1973 (que coincide con el golpe de Pinochet en Chile y con el auge del neoliberalismo mundial). De aquí va a surgir, paulatinamente, el gobierno o gobernabilidad global de lo que William I. Robinson llama la clase capitalista transnacional para la cual la búsqueda de dicha “gobernabilidad democrática” (re-territorialización de la coerción por medio de Estados dependientes y al mismo tiempo enlazados a dicha clase por medio de los varios procesos de la acumulación y la globalización) se vuelve una prioridad.

Lo que encontramos al centro del concepto de gobernabilidad no es una preocupación por la “generación eficiente del tejido estatal”. Para los trilateralistas el problema no era el Estado, mucho menos el de Seguridad Nacional. Por eso apoyaron con mucho entusiasmo a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Para el concepto de gobernabilidad el problema es en principio y fundamentalmente la democracia, incluyendo la democracia liberal clásica, y los “tejidos sociales” de la misma, sobre todo lo que ven, siguiendo el miedo tocquevilliano a la “tiranía de las mayorías”, como “el exceso” democrático cuando no hay una sociedad civil buena y permitida (o cuando no hay “capital social” en el sentido de Putnam) capaz de canalizar los descontentos y demandas sociales pero de modo ordenado y procesal, respetando la propiedad y el Estado de derecho construido en torno a la misma, tal y como lo requiere el discurso de los derechos humanos. Para “controlar” todo exceso democrático es, precisamente, que se plantearon como un proyecto mundial la “promoción democrática” y la construcción de democracias restringidas y tuteladas “de calidad” (donde predomine “normalmente” el consentimiento libre por sobre la coerción estatal) que abrieran solo el suficiente y más mínimo espacio político para la expresión de descontentos y la satisfacción de demandas ciudadanas, sobre todo de la gente más pobre. ¿Cómo había que hacer esto? Aquí algo que propuse en mi trabajo ya citado:

“La reivindicación de los derechos humanos tanto como una forma de identidad cultural y política así como principios esenciales de una democracia procedimental implicó, sin embargo, no solo la construcción de una experiencia radicalmente novedosa sino también la subjetivizacion de dichos derechos y la consecuente lingüistificación de la cultura y la política. Esto es un proceso que, aparte de ser de muy largo plazo, no puede ser impuesto desde arriba sino que tiene que ser asumido moralmente desde abajo.”

Esto había que suplementarlo, por tanto, con todo un nuevo discurso de “desarrollo” y cooperación económica para el mismo. Esto era necesario, sin embargo, no simplemente para prevenir explosiones revolucionarias como las del 68 o como las de la Revolución Cubana. También era urgente construir formas de subjetividad o ciudadanía que pudieran encontrar significado y realización en el consumo, en la comercialización y en el fetichismo de la política y del espectáculo y simulacro de la democracia. Y esto, a su vez, tendría que producir retornos financieros y políticos para los donantes en forma de capital, infraestructura, seguridad y consentimiento para sus inversionistas y sus transnacionales. Todo este programa imperial se ha cumplido casi al pie de la letra.

De ahí las transiciones a la democracia en Latinoamérica solo diez años más tarde. Y de los estudios de dichas transiciones es de donde va a salir, y popularizarse, ese concepto de “gobernabilidad” democrática. Como ya lo apunte en mi libro Entre la comunidad y la república: “Desde el punto de vista de este análisis, entonces, si el proceso que se inició en 1984 representa la restauración de la democracia política, se trata de una democracia entendible solamente en términos restringidos, es decir, de una democracia que no solo restringe la aplicación del principio discursivo [desde debates hasta elecciones] de la ciudadanía a instituciones públicas que, de suyo, poseen serias limitaciones procedimentales y normativas, sino que activamente impide un proceso democratizador mas amplio. Se trata, en suma, de una democracia política restringida entendida en los términos de Guillermo O’Donnell y de Brian Loveman.”

¿Y a qué se ha debido la falla de esta democracia restringida y tutelada? ¿Se debe a que las multitudes se han turnado “revoltosas, inconformes o conflictivas” como tantas veces lo pinta la prensa corriente y la clase política conservadora? Para nada. De nuevo, ya en mi libro citado arriba apunto al problema central:

“Así que, desde el punto de vista de las élites políticas y económicas que dieron su visto bueno a esa forma de transición, estamos hablando en efecto de una democracia que requiere de la consolidación de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de procedimientos políticos como las elecciones regulares, limpias y transparentes pasando por el respeto a instituciones del Estado que funcionan con eficacia y legitimidad en el mundo diario. Sin embargo, como es ampliamente reconocido en Guatemala, las élites políticas y económicas carecen de una cultura política adecuada para consolidar incluso esta forma restringida de democracia política que las elites se dieron a sí mismas y a la población en general. A pesar del reconocimiento tímido de que los costos de la coexistencia social pacífica son menores que los costos de la perpetuación de los conflictos sociales, las élites se han mostrado renuentes a financiar las instituciones de la transición y los Acuerdos de Paz porque, claramente, ellas mismas no están convencidas ni de la validez de su propio análisis de costos-beneficios ni de la capacidad moral para engarzar la voluntad del “pueblo” que estas instituciones puedan generar.”

Una de las conclusiones preliminares de mi libro arriba citado siguen siendo hoy más válidas todavía:

“Aparte de todo esto, el gobierno eferregista que tuvo Guatemala entre el año 2000 y el 2004 demuestra hasta qué punto las formas antediluvianas de patrimonialismo, caudillismo y clientelismo y los discursos límites anti-democráticos todavía siguen teniendo vigencia no solo al interior de las elites gobernantes sino también de la misma sociedad guatemalteca. Y si pensamos que, en la medida en la cual esta democracia políticamente restringida y delegativa requiere de un mas amplio contenido social y normativo para convertirla en una democracia “funcional y participativa”, como lo anuncian y reclaman los Acuerdos de Paz, entonces la experiencia reciente de Guatemala no solo indica el profundo déficit del proceso de la transición, sino que también reclama el despliegue de imperativos que nos puedan llevar mas allá de la mera restauración o transición elitista hacia una democracia política restringida y con profundos problemas de consolidación y legitimación.”

Hoy, las elites políticas conservadoras y económicas y neoliberales del bloque en el poder, agrupadas en torno al proyecto del FCN-Nación y del Cacif, están una vez más, aunque de modo más amenazador por el clima internacional y el auge del populismo de derechas así como del neo-fascismo en Europa, Filipinas, Brazíl y Argentina, desplegando un modelo de restauración total que retrocede el proceso político guatemalteco hasta antes de la transición hacia una democracia restringida y tutelada. La amenaza a lo democrático, pues, no viene de un Estado que no se ha desarrollado bien sino de un Estado que ha sido construido de modo corrupto y cooptado así como de modo vigilante y “gobernamental” (término de Foucault).

En la literatura, hoy canónica, sobre la “calidad democrática” y la “construcción de la gobernanza democrática” en Latinoamérica encontramos, sobre todo en inglés, trabajos como el de Jorge Domínguez y Michael Shifter (editores), “Constructing Democratic Governance in Latin America” (2003, 2nd edition). Es de esta literatura de donde han salido teóricos locales como ETR en Guatemala. Y es de aquí de donde salen algunas de sus propuestas políticas de hoy.

Todavía creo que no hay mejor análisis de la Trilateral y de lo que representó/a en la “evolución” del imperialismo, que el que encontramos en Hugo Assmann (ed), Carter y la lógica del imperialismo, EDUCA, 1978. En dos volúmenes.

Mi propio análisis crítico y alternativo sobre el Estado hoy en Guatemala y sobre la guerra de posiciones en la coyuntura presente puede encontrarse en mi trabajo “Hegemonía, ruptura y Refundación. Crisis del Estado ampliado en Guatemala” (disponible aquí – https://marcofonseca.net/2018/07/05/hegemonia-ruptura-y-refundacion-crisis-del-estado-ampliado/

 

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

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