El 13 de noviembre de 1960
En términos del sistema político, el triunfo de las fuerzas de liberación anticomunistas en 1954 fue seguido por uno de los períodos políticos más inestables de la Guatemala moderna. La inestabilidad que asediaba el orden contrarrevolucionario entre 1954 y 1963 no se resolvió hasta que las élites dominantes, representadas por la alianza anticomunista formada por el ejército, los partidos políticos que incluían el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el Partido Democracia Cristiana (DC), el Partido Revolucionario (PR), y los grupos económicos que se habían aglutinado en torno al Cacif en 1957 optaron por una implementación institucional de la Doctrina de la Seguridad Nacional con la ayuda de los Estados Unidos. El levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960 que llevó al golpe militar de 1963 solo sirvió para profundizar la crisis del régimen contrarrevolucionario que solo se resolvería mediante una transformación fundamental del estado en línea con la Doctrina de la Seguridad Nacional. Así, la Constitución de 1965 representó la estabilización de las normas políticas alcanzadas dentro de la alianza anticomunista, en línea con la Doctrina de la Seguridad Nacional, una estabilidad constitucional que duró veinte años hasta que fue reemplazada en 1985.
El informe de la CEH examina las condiciones de fondo que llevaron directamente al desencadenamiento de la confrontación armada después de 1960, con especial énfasis en tres eventos clave. Primero, las causas y la naturaleza del levantamiento militar nacionalista del 13 de noviembre de 1960 que, en los próximos años, generó los primeros líderes y organizaciones revolucionarios, así como la primera ola de combates revolucionarios y la reacción de contrainsurgencia que siguió (1962-1968). Este levantamiento militar fue el resultado no solo del descontento dentro del ejército como resultado del uso del territorio guatemalteco para el entrenamiento de mercenarios cubanos que debían servir en la invasión de Bahía de Cochinos. Más importante aún, el levantamiento se debió al creciente control de las fuerzas armadas por parte del ejército de Liberación contrarrevolucionario (organizado y entrenado por la CIA) y la reacción que ello provocó por parte de jóvenes oficiales nacionalistas y profesionales.
En segundo lugar, las protestas populares de marzo y abril de 1962 que no solo eran las expresiones más importantes de descontento y organización popular desde 1954, sino que también amenazaban con convertirse en una insurrección general que desafiaba directamente a la alianza anticomunista que había gobernado precariamente a Guatemala desde 1954.
Finalmente, el informe de la CEH aborda el golpe militar del 30 de marzo de 1963 que no solo puso fin al largo período de inestabilidad dentro de la alianza anticomunista inaugurada inmediatamente después de 1954, sino que también sirvió para consolidar la hegemonía del ejército dentro de la alianza anticomunista y la primacía institucional del ejército sobre el Estado guatemalteco. Por ello la proclamación fundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del 30 de noviembre de 1963 apela explícitamente al derecho de rebelión contra los regímenes tiránicos como una justificación normativa clave para la lucha armada (ver Proclama de las Fuerzas Armadas Rebeldes, 30 de noviembre de 1963, en CEH I: 272 -276, p. 273). El artículo 73 de la Constitución de 1954 había consagrado paradójicamente el derecho a la «resistencia adecuada» para proteger los derechos individuales. La apelación al derecho a la rebelión, particularmente en un contexto donde la participación política legal estaba muy restringida y controlada, estaba, por lo tanto, en línea con la Constitución contrarrevolucionaria de 1954 y una fuente clave de legitimidad política para los movimientos revolucionarios de los años sesenta a los ochenta.
De acuerdo a la CEH:
Como reacción al levantamiento militar, el Gobierno arrestó ese mismo día —13 de Noviembre— a miembros del PGT, del Partido Revolucionario (PR) y del Partido de Unidad Revolucionaria (PUR), a quienes se les acusaba de estar involucrados en la conspiración militar. Ocho días después, el 21 de noviembre, se decretó un estado de sitio en los departamentos de Escuintla, Guatemala, El Progreso, Zacapa e Izabal, lugares donde el PGT contaba con un considerable número de simpatizantes
El Estado de Seguridad Nacional fue entonces el resultado de una creciente hegemonía militar dentro de la alianza anticomunista y sirvió como el marco ideológico dentro del cual se desarrollaría la historia de la política guatemalteca durante las próximas dos décadas. La arquitectura constitucional de este Estado, primeramente consagrada en la Constitución de 1954 y modificada en cierta medida en la Constitución de 1965, ofrece un ejemplo de la concepción contradictoria de legitimidad política incorporada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y el marco institucional anticomunista. Por ejemplo, si bien ambas Constituciones reconocieron el derecho a la participación política e hicieron ilegal cualquier discriminación basada en la opinión política, ambas Constituciones también proscribieron la formación de partidos políticos con ideología «comunista» y limitaron la formación de partidos con «principios democráticos» a los tamaños de membresía que eran imposibles de alcanzar por todos, excepto los partidos aprobados por el gobierno, bien financiados y bien organizados. Asimismo, ambas Constituciones reconocieron que el derecho a la participación política no restringida estaba implícito en la noción de soberanía popular, pero al mismo tiempo estas Constituciones también consagraron los principios de legitimidad «democrática» en la línea de la Seguridad Nacional. Esto significaba que cualquier oposición al gobierno no podía apelar explícitamente a ninguna ideología «comunista» o «totalitaria».
Así, la arquitectura constitucional del Estado guatemalteco institucionalizó un principio ambiguo de legitimidad política precisamente porque, a pesar de la ideología de la Seguridad Nacional, las élites guatemaltecas aún no podían deshacer por completo la tradición igualmente liberal del liberalismo que heredaron de los regímenes anteriores a 1944. Pero por el momento, estos dos conjuntos de normas hicieron posible que los ideólogos de la Seguridad Nacional crearan la noción cuasi jurídica del «enemigo interno», el que amenaza la soberanía interna del Estado, y en nombre de tal dispositivo de soberanía diversos mecanismos legales e ilegales para la restricción del derecho de participación política y el aumento sustancial en los límites autoimpuestos a la práctica de la violencia estatal (CEH I: 119-120).
La ambivalencia en el modelo de legitimidad política institucionalizada por el Estado de Seguridad Nacional fue necesaria por al menos una razón. Este modelo de legitimidad apareció en ese momento como la forma más efectiva de estabilizar la hegemonía militar dentro de una alianza anticomunista cada vez más «ingobernable» y asediada en la que, más allá de un consenso generalista anticomunista común, no todos estuvieron de acuerdo con las normas básicas de la vida política. Por ejemplo, la alianza anticomunista incluía a los autoproclamados herederos de la Revolución de Octubre que, por muy limitados que fueran, continuaban presionando para que se volviera a la vida democrática en formas no totalmente compatibles con la agenda de Seguridad Nacional. Para prevenir el desarrollo de tendencias «desviadas», los militares también continuaron construyendo un aparato político totalizador capaz de transformar efectivamente cualquier forma de oposición descontrolada en la expresión de un «enemigo interno», pero sin amenazar la estabilidad ya precaria de la Orden contrarrevolucionaria posterior a 1954 que ellos mismos estaban ayudando a diseñar. El ejército sabía que si este orden político disfrutaba de alguna medida de legitimidad, necesitaría la ayuda de fuerzas civiles, sin importar cuán desacreditados estuvieran. Por lo tanto, el ejército se comprometió a construir el Estado de Seguridad Nacional debido a su propio interés institucional ahora apoyado por razones ideológicas de la Guerra Fría y porque esta forma de estado se les apareció como la más viable dadas las circunstancias posteriores a la Liberación de Guatemala. . Obviamente, el espacio que quedaba para la oposición «real» dentro de este sistema político era muy limitado y la capacidad cultural y política que habría sido necesaria para explotar la ambivalencia en el principio constitucional de legitimidad era prácticamente inexistente en ese momento. Este fue el contexto en el que los que organizaron los primeros grupos guerrilleros a principios de los años sesenta sintieron que no tenían más remedio que apelar, entre otros principios, al derecho internacionalmente reconocido de rebelión contra los regímenes opresivos para organizar legítimamente la resistencia armada revolucionaria.
Fuente: De mi tesis doctoral.
Vamos Guatemala hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).
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