El peligro de la restauración total

En un reporte de elPeriódico se dice que ciertos “diputados cabildean iniciativa para disolver la CC” (ver https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/11/12/diputados-cabildean-iniciativa-para-disolver-la-cc/). Alguna gente clave del Pacto de Corruptos, como Estuardo Galdámez, el kaibil del FCN-Nación, han dicho que está por presentar “una iniciativa que “hará estremecer al país”.” Y este es el personaje quien, junto a Álvaro Arzú y Felipe Alejos, puede resultar electo para la Junta Directiva del Congreso del 2019, es decir, el año electoral. De hecho, según algunos reportes, Arzú “habría sellado su reelección ofreciendo dos plazas 022 por Q15 mil a cada diputado que asegure su voto para la planilla que él representa” (ver https://lahora.gt/arzu-habria-sellado-su-reeleccion-con-2-plazas-de-q15-mil-cada-una/). Se trata de una cúpula de poder que, como ocurrió con Arístides Crespo, Gudy Rivera Estrada, Luis Rabbé, Mario Taracena y Óscar Chinchilla, se reproduce y despliega sus planes restauradores por medio de prácticas criminales e infames que hacen virtud práctica de su razón corrupta.

Si estos rumores son ciertos, sin embargo, entonces estamos hablando de restauración total, es decir, la estrategia de un retorno conservador, sustancial y comprensivo, al status quo pre-1985. El diputado Estuardo Galdámez, ese diputado que con con una mezcla de desfachatez y ignominia atiende sesiones del congreso con gorra de kaibil como si no hubiera habido genocidio y dictaduras asesinas en Guatemala, “anunció en sus redes sociales que presentaría una iniciativa que “hará estremecer al país”.”

¿Cuál fue el significado de instituciones como la CC que emergieron de la “transición” al Estado neoliberal ampliado? Así lo puse en mi libro “Entre la comunidad y la república”:

“Así que, desde el punto de vista de las élites políticas y económicas que dieron su visto bueno a esa forma de transición, estamos hablando en efecto de una democracia que requiere de la consolidación de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de procedimientos políticos como las elecciones regulares, limpias y transparentes pasando por el respeto a instituciones del Estado que funcionan con eficacia y legitimidad en el mundo diario. Sin embargo, como es ampliamente reconocido en Guatemala, las élites políticas y económicas carecen de una cultura política adecuada para consolidar incluso esta forma restringida de democracia política que las elites se dieron a sí mismas y a la población en general. A pesar del reconocimiento tímido de que los costos de la coexistencia social pacífica son menores que los costos de la perpetuación de los conflictos sociales, las élites se han mostrado renuentes a financiar las instituciones de la transición y los Acuerdos de Paz porque, claramente, ellas mismas no están convencidas ni de la validez de su propio análisis de costos-beneficios ni de la capacidad moral para engarzar la voluntad del “pueblo” que estas instituciones puedan generar.” (Entre la comunidad y la república. Ciudadanía y sociedad civil en Guatemala, F&G Editores, p. 47).

Y hoy, después del desplome del gobierno de OPM por haber llevado a sus límites más perversos al régimen de corrupción y cooptación del Estado ampliado que se inauguró en 1986, el Pacto de Corruptos (en el legislativo y en el ejecutivo) ha iniciado un proceso de restauración total como una segunda etapa de la restauración conservadora.

La primera etapa de la restauración se inició como resultado del desplome total del régimen corrupto y cooptado de OPM y el gobierno patriota que siguió a los reportes de la Cicig (en 2015 y 2016) y que dejaron desnudo al Emperador así como a la gran movilización ciudadana de 2015 que amenazó, aunque haya sido solo por un momento, con derrumbar no solo a un régimen corrupto y cooptado sino que a todo el Estado ampliado. La reacción de las fuerzas conservadoras que llegaron al poder en 2016 consistió, entre 2016 y la primer parte de 2018, en el despliegue de una estrategia de restauración conservadora y neoliberal que, aunque incluyó toda una serie de actos de infamia en 2017, en esta etapa se limitaba a la renormalización del Estado neoliberal tal y como está diseñado en la Const. del 85. La idea era que incluso el régimen de corrupción y cooptación (La Línea 1 y La Línea 2) era, de hecho, algo normal y, de hecho, hasta necesario para garantizar el funcionamiento del Estado, la certeza jurídica, la “estabilidad macroeconómica” y la “gobernabilidad” estable. En este momento la disputa intra-elitista (entre la facción conservadora y la neoliberal) no permitía otra cosa, no se sabía qué iba a pasar con Estados Unidos y su embajador en Guatemala después de la elección de Trump, el peligro de la protesta ciudadana era todavía muy manifiesto y amenazante, la CC misma era parte sutil del proceso restaurador y no había urgencia electoral. En esta primera etapa, entonces, la restauración se veía a sí misma como solución a la crisis de hegemonía que se volvió evidente en los últimos tres años.

Pero a medida que avanzaron los casos legales contra la corrupción (incluso apretando la soga en el cuello de la familia de Morales y de Morales mismo con dos intentos de desaforarlo) y el empresariado implicado en financiamiento electoral ilícito o en contrataciones corruptas, a medida que se fue aclarando la postura anti-ONU de Trump y su simpatía por gobiernos autoritarios y sus críticas a los gobiernos que más han apoyado a la Cicig y el proceso de “depuración” del Estado neoliberal, a medida que instituciones como la CC, la CSJ, el MP (incluso bajo la administración de su nueva y muy conservadora jefa María Consuelo Porras, ungida por Morales mismo, a partir de mayo de 2018), el TSE, incluso la SAT y la CGC, y definitivamente la PDH después del arribo a su jefatura de Jordán Rodas en Agosto de 2017, en parte bajo el influjo de la Cicig pero también por presión ciudadana, se volvieron obstáculos para los actos restauradores (cambios a varias leyes claves que habían surgido o que habían cobrada más relevancia e incluso validez a partir de 2015), y medida que la protesta ciudadana se convirtió más y más en simple denuncia o interposición de amparos (en su mayoría inútiles o fáciles de estancar o evadir), se acrecentó el nivel de infamia dentro del Pacto de Corruptos y del Ejecutivo mismo. Encima de todo, con la posibilidad de cancelación del partido oficial mismo, el FCN-Nación, y varios de sus aliados claves en el Congreso, el nivel de la guerra de posiciones se intensificó hasta el punto del derrame. Es como resultado de la intensificación de la guerra de posiciones (entre las élites conservadora y las neoliberales así como entre el bloque en el poder y la ciudadanía indignada y organizada) y los ataques renovados a la Cicig, transparentemente expresados cuando Jimmy Morales tomó la decisión (creyendo que contaba con el apoyo de la administración de Trump y del ala neoliberal del Cacif) de no permitir el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, que hoy se ha desplegado el proceso de restauración total. A partir de ese punto de inflexión en el proceso restaurador, el mismo ya no consiste solamente en normalizar al Estado neoliberal ampliado sino que, literalmente, en restaurar elementos sustantivos del Estado de seguridad nacional pre-1985. Es un peligro enorme y la respuesta de la ciudadana no es conmensurada a lo que el mismo representa.

Claro que se trata de “una iniciativa que “hará estremecer al país” tal y como lo dice uno de los más reaccionarios diputados del partido FCN-Nación en el Congreso. En parte se trata de “eliminar el balance de poderes y atentar contra el sistema republicano”, como lo pone Álvaro Montenegro del movimiento Justicia Ya. Pero, en realidad, es más que eso. Implica demoler lo que, aunque es parte de una Estado neoliberal ampliado, significó un avance con respecto del Estado de seguridad nacional que se impuso en Guatemala de 1965 a 1985. Y lo que se busca demoler es todo el modo de lograr consentimiento de los grupos subalternos, todo el proceso hegemónico en la sociedad civil buena y permitida, como se había instaurado con la transición a la democracia ya restringida y tutelada del Estado neoliberal ampliado y como esto se había consolidado con las negociaciones y con los Acuerdos de Paz.

Vamos Guatemala hacia la #RefundaciónYa desde abajo, democrática y rupturista

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).

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