Ya el primero de abril Giammattei declaró a la prensa que se planteaba “cerrar la Secretaría de la Paz (Sepaz) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). Además indicó que en varios de los ministerios se concluyeron al 31 de marzo varios contratos y estos no serán renovados. De acuerdo al mandatario, en una entrevista en Canal Antigua, con “el ahorro” se destinará el presupuesto de las secretarías a dar un suplemento alimenticio a 200 mil niños y niñas que sufren desnutrición y poder disminuir este índice en el país.” (eP).

Luego, el 23 de abril, “sobrevivientes del conflicto armado accionan ante la CC para evitar el cierre de la SEPAZ” y con ello “evitar que se cancele el programa de resarcimiento”. “La mayoría de sobrevivientes son personas de la tercera edad, grupo vulnerable ante la pandemia” (eP).

El anuncio de Giammattei el 30 de junio en cuanto a la creación de la Comisión por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), que empezará a trabajar a partir del uno de septiembre, no debió ser sorpresa. El hecho de que la misma reemplaza a la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) era, pues, una muerte anunciada. Que todavía hable Giammattei de mantener, pero de modo muy modificado, el Programa Nacional de Resarcimiento es algo que desactiva posibles protestas a nivel nacional.

Un problemita con todo este esfuerzo del gobierno restaurador para cancelar la institucionalidad de la paz es que la Ley Marco de los Acuerdos de Paz dice lo siguiente: “Se reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado, cuyo cumplimiento requiere de acciones a desarrollar por las instituciones públicas y por las personas individuales y jurídicas de la sociedad, en el marco de la Constitución Política de la República y de la ley.”

Giammattei, simplemente, no tiene la potestad de desmantelar, ni siquiera modificar, la institucionalidad de la paz sin quebrantar el Acuerdo Marco y, con ello, una vez más, minar las bases constitucionales que el Acuerdo Marco reconoce y en el marco de las cuales también se comprometieron las elites políticas y económicas a darle cumplimiento a los Acuerdos de Paz. El Ejecutivo no puede hacer esto sin consultas con la sociedad civil que surgió del proceso de paz (la buena y permitida) y, siendo el Acuerdo Marco un Decreto Legislativo, tampoco puede hacerlo sin la autorización del Congreso.

Giammattei presenta su desmantelamiento de la institucionalidad de la paz como parte de la “evolución” de Guatemala e incluso como una “actualización” del compromiso con la paz. Declara que la nueva Copadeh estará “encargada de fortalecer la paz, promover, vigilar el respeto a los derechos humanos y dar atención constructiva a la conflictividad social en búsqueda del desarrollo y la armonía” (Soy502). Interesante notar la inserción dentro de la institucionalidad de la restauración, en sustitución de la institucionalidad de la paz, de un espantapájaros favorito de la restauración total y el neoliberalismo en Guatemala: la “conflictividad social”. Pues es en nombre de eliminar este espectro de “conflictividad social”, es decir, la protesta social y resistencia comunitaria contra todos los proyectos extractivistas que el CACIF y las transnacionales, que el gobierno restaurador está implementando por todo el territorio nacional esos “estados de sitio” como el que Giammattei impuso recientemente en Izabal y Alta Verapaz. Para Giammattei, el Pacto de Corruptos y el CACIF, entonces, la raíz profunda de la falta de “evolución” en Guatemala es una conflictividad social inflamada por supuestos criminales, narcos y terroristas.

El hecho más evidente de todo el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz es que, en sus implicaciones más estructurales, en sus aspectos menos operativos (desmovilización, conversión de URNG en partido, etc.), los Acuerdos de Paz simplemente no han sido cumplidos y la agenda de la paz ha sido convertida en una agenda desarrollista/humanitaria totalmente supeditada al modelo económico dominante, el extractivismo neoliberal, y las exigencias de su certeza jurídica y seguridad. Otras prioridades simplemente no cuentan, aunque Giammattei hable de una “continuidad histórica” con los Acuerdos de Paz.

En cuanto a los avances y dificultades en la aplicación y la ejecución de los Acuerdos de Paz, Giammattei habla de “actualizar, evolucionar y fortalecer” la institucionalidad que surgió de los Acuerdos de Paz, pero la evidencia histórica de las últimas décadas demuestra que las elites de Guatemala y sus gobiernos corruptos y de cartón, incluyendo ahora el gobierno restaurador de Giammattei mismo, han traicionado lo que prometieron hacer en los Acuerdos de Paz. Aunque quieran presentar la creación de la Copadeh en términos del lenguaje empresarial y competitivo del cacifismo, la misma representa solamente el último paso en la restauración de la institucionalidad de orden y seguridad ante bellum.

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Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University.

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