La Constitución Política de la República de Guatemala, de 1985, tiene una lógica privatizadora que prefiguró el establecimiento de modelo neoliberal de privatización, desposesión y expoliación social/ambiental, del cual deriva una “normalidad” de pobreza y extrema pobreza, a la que la cúpula empresarial y el gobierno de turno desean volver, ataviada como “nueva normalidad” tras de la pandemia de COVID-19. Frente a esa opción, se plantea la necesidad de un nuevo constitucionalismo y un nuevo consenso político post-COVID-19, que requiere de nuevos modelos de participación democrática y nuevas metas nacionales de bienestar.
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