El espíritu fundamentalista de la propuesta legislativa número 5915 titulada “Ley de Libertad de Religión y Creencia, de Culto, y de Conciencia” reproduce, en primer lugar, la paranoia derechista que cree que las restricciones religiosas que se han dado durante la pandemia son, en última instancia, resultado de una conspiración del ‘Estado profundo globalista’ o que la agenda de una educación sexual integral representa un ataque de la mal llamada “ideología de género” (el feminismo) contra la integridad de la sagrada familia nuclear y hererosexual y la eduación patriarcal tradicional.
La paranoia política del proyecto restaurador queda clara y transparente en las declaraciones dadas por Allan Rodríguez, el Presidente del Congreso y actual dirigente legislativo del Pacto de Corruptos/as: “Ante la amenaza de muchas agendas, que buscan intereses perversos, esta (iniciativa) viene a garantizar la libertad religiosa de los guatemaltecos y a protegerlos ante la amenaza de algunas ideologías de género o temas como este que quieren que sean aprobados en el Congreso.”
Se trata de una propuesta “impulsada por diputados de las bancadas Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Humanista, Vamos, Podemos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Frente de Convergencia Nacional (FCN), Prosperidad Ciudadana, Unión del Cambio nacional (UCN), Valor, Bienestar Nacional (Bien), Visión con Valores (Viva) y Todos.” En otras palabras los partidos de cartón del Pacto de Corruptos/as en el Congreso de Guatemala, una de las alas políticas del proyecto que hemos denominado la restauración total.
Aunque la guerra jurídica contra el matrimonio entre personas del mismo sexo se inicia con fuerza ya en 2017 durante el gobierno restaurador de Jimmy Morales, dicha estrategia quedó engabetata en 2018. Es ahora en 2021, con las ventajas que ofrece una nueva mayoría en el legislativo y una Corte de Constitucionalidad completamente cooptada, entre otras instituciones, que el Pacto de Corruptos/as lanza de nuevo el intento por desbaratar los pocos avances políticos que ha hecho la comunidad LGBTQ en Guatemala. La propuesta 5915 representa, por tanto, un paso más en la guerra jurídica restauradora contra la educación sexual integral, la diversidad sexual y los matrimonios religiosos por parte de miembros/as de la comunidad LGBTQ.
De igual modo, la propuesta 5915 también continúa el tradicional ataque derechista y religioso contra la educación pública laica, científica y crítica. Por ejemplo, el artículo 5 de la propuesta dice:
“Elegir, para sí, o para los menores incapaces cuya patria potestad o representación legal se ejerza, la educación religiosa, moral y ética conforme a sus propias Creencias; considerando que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos”.
El comentario de Héctor Castañeda, pastor de la Iglesia San Juan Apóstol (una de las pocas iglesias del cristianismo reformado en Guatemala), miembro del Consejo Asesor del Consejo Ecuménico de Guatemala y un amigo personal desde mi juventud, me deja sorprendido y decepcionado:
“Castañeda afirma que no percibe ningún peligro o mala intención en dicho inciso. “Yo no creo que sea motivo de temor de parte de nadie porque la ley si cubre libertades, también el basamento jurídico de este proyecto está muy bien cimentado”.”
Claro que el artículo 5 de la propuesta es motivo de mucha preocupación por parte de mucha gente que ha luchado por la separación entre religión y Estado, contra la privatización de la educación, contra la educación oscurantista de las religiones (incluyendo el cristianismo en cualquiera de sus versiones predominantes en Guatemala), contra mucho de lo que representa el cristianismo en Guatemala (colonialismo, patriarcado, abuso físico y psicológico, etc.). Eso de educar a la gente “conforme a sus propias creencias” es lenguaje en código para justificar educación reaccionaria y privatizadora. Castañeda, por tanto, se equivoca cuando afirma que el proyecto está bien cimentado pues una lectura incluso rápida del artículo 5 revela su intención de minar el Estado laico y republicano que, aunque en Guatemala solo existe en papel y de modo muy precario, continúa representando una conquista histórica contra los monopolios y privilegios religiosos de la Colonia. Decepcionante es, pues, este comentario de Castañeda porque tradicionalmente sus intervenciones representan una voz evangélica crítica dentro del movimiento ecuménico guatemalteco.
En lugar de acabar con todos los “beneficios fiscales y tributarios” que se les conceden a las entidades religiosas de cualquier tipo, la propuesta 5915 plantea exactamente lo contrario. El artículo 14 propone lo que llaman “Universalidad de los Beneficios Fiscales”:
“Todas las entidades religiosas debidamente inscritas y reconocidas por la autoridad competente, gozarán de los mismos beneficios fiscales y tributarios.”
Hay que considerar que las entidades religiosas más influyentes y poderosas de Guatemala se ha convertido en una verdadera industria espiritual y religiosa donde se ha comercializado la salvación, donde se cobra por la membresía con mensajes de eterna condenación (fundamentados en cuestionables pasajes bíblicos fuera de contexto) para quienes no ofrenden o diezmen, donde se mueven enormes sumas de capital y otros recursos y donde han florecido los espectáculos religiosos exuberantes como los que se realizan en Casa de Dios y otros anfiteatros del simulacro de la piedad. Hay que considerar que muchas de estas entidades religiosas se dedican a deshacer y desmantelar lo que la niñez y la juventud pasan años precariamente aprendiendo en las escuelas públicas (donde las hay) y, con ello, invalidan el trabajo educador del Estado mismo. A esta industria religiosa no pueden dársele “beneficios fiscales” sino que, como mínimo, urge regular con mucha atención y cuidado.
La propuesta de Artículo 15 es, finalmente, un desastre total que consagra la opacidad y, con ello, la corrupción dentro de la industria religiosa de Guatemala:
“Competencia. De conformidad con la ley, las entidades religiosas no están facultadas para realizar fiscalización, investigación o averiguación del origen de los fondos de sus donantes, dicha función es única y exclusiva de las autoridades competentes de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.”
O sea que cualquiera puede “donar” fondos a las entidades religiosas y, conociendo el historial con el cuenta el muy ineficiente e incompetente Estado de Guatemala en materia fiscal o de fiscalización (hay que recordar cómo hoy el Pacto de Corruptos/as le está haciéndole la guerra jurídica a Juan Francisco Solórzano Foppa por la soberbia de haber querido fiscalizar con justeza y transparencia a grandes empresas del país) y su completa cooptación y corrupción por parte del financiamiento ilícito, ya podemos imaginar la función de las “autoridades competentes” en cuanto a fiscalizar cualquier cosa se trata. La propuesta 5915 deja así las puertas abiertas dentro de la industria religiosa para el lavado de dinero de la corrupción y de los narcos.
Es por tanto muy problemático lo que afirma Rudio Lecsan Mérida, uno de los ponentes de la iniciativa:
“Para el diputado Rudio Lecsan Mérida, uno de los ponentes de la iniciativa, el documento busca fortalecer la libertad de la fe que ya está expresa en la Constitución, pero que ha sido vulnerada por restricciones originadas por la pandemia.”
Esta propuesta no “fortalece la libertad de fe” en Guatemala que ya está protegida en la Constitución del 85. A primera vista, entonces, parece ser algo redundante pues la propuesta busca garantizar la libertad de religión aunque la misma ya está garantizada en la Constitución vigente. Es obvio, por tanto, que estamos ante una maniobra política que busca restaurar una cultura de monopolios religiosos con fueros y privilegios especiales como existieron en Guatemala antes de la transición a la democracia neoliberal del 85. Lejos de fortalecer lo que dice la Constitución vigente, sin embargo, ésta propuesta mina el espíritu tibiamente republicano del neoliberalismo constitucionalista que se plasmó en esa Constitución y que ahora el Pacto de Corruptos/as quiere socavar de una vez por todas.
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).
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Imagen: Wilder López/Soy502.