No es solo en Guatemala donde alguna gente de las izquierdas expresa tremendo escepticismo e incluso cinicismo (disfrazado de crítica) contra las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Como referencia puede verse una pieza reciente que sale de Misión Verdad de Venezuela donde nos ofrecen una historia muy limitada, casi sesgada, de las ONG y su papel en Latinoamérica. Considero que esta perspectiva nos presenta solo una cara de la moneda y deja oculta la otra. Considero que una reflexión crítica sobre las ONG debe recoger su carácter abigarrado, contradictorio y dialéctico a efecto de hacerle justicia no solo a su historia, sino a sus causas y, también, sus contradicciones y ambivalencias. Si vamos a reducir la sociedad civil a las ONG, entonces hay que empezar por reconocer su carácter contradictorio.
Empecemos diciendo que el marco teórico de referencia para interpretar y emitir juicios sobre las ONG no debe partir de una propuesta conspirativa. En ningún momento debemos confundir teorías de la conspiración con teorías críticas. Por ello, para interpretar el papel histórico de las ONG en Latinoamérica, es sospechoso empezar con el trabajo de un académico canadiense bien conocido por su reputación pro-rusa y por su pluma conspirativa (¿es que sigue creyendo que, aparte de mantener una preponderancia mortal en armas nucleares y seguirse oponiendo al expansionismo de la OTAN y los intereses geo-estratégicos de Estados Unidos, la Rusia de Putin de alguna otra manera sigue siendo la heredera de la vieja Unión Soviética o de los ideales revolucionarios de Marx o Lenin?). Marx o Gramsci mismos hubieran estado entre los primeros en calificar este tipo de trabajo como mecanicista o infantilista. Sin embargo, en base a este tipo de trabajo, el comentario de Misión Verdad afirma lo siguiente:
“Si bien aquí las ONG se autoproclaman como los representantes de la “sociedad civil”, en “defensa de los derechos ciudadanos”, estas organizaciones no son más que “instrumentos de la política exterior norteamericana”, de acuerdo a las investigaciones del economista canadiense Michel Chossudovsky.”
La crítica que debemos hacer de las ONG que siguen los proyectos transnacionales de la promoción democrática, es decir, la promoción y legitimación de lo que William I. Robinson llama poliarquía (basado en el concepto de Robert Dahl) y que implica, como mínimo, lo siguiente:
“Durante buena parte del siglo XX, como es bien conocido, Washington patrocinó y promovió a dictaduras militares y regímenes autoritarios a lo largo y ancho de América Latina y el Tercer Mundo, como su método preferido de mantener el control internacional, ante las luchas de masas contra las desigualdades sociales y económicas prevalecientes y los sistemas políticos altamente restringidos. Sin embargo, Washington cambió abruptamente de carril a mediados de los años ’80 cuando empezó a “promover la democracia” en América Latina y alrededor del mundo. Este giro, de la promoción de las dictaduras a la promoción de la “democracia”, coincide con el auge del proyecto económico neoliberal. No sólo ambos están vinculados, sino que lo que Washington denomina “democracia” se ha convertido en un imperativo funcional de la globalización capitalista. Una nueva élite transnacional construyó e impuso un paradigma de “mercados libres y democracia”, que en los años ochenta y noventa se volvió hegemónico. La promoción de “mercados libres y democracia” estaría destinada a asegurar un mundo disponible y seguro para el capitalismo global, al crear las condiciones más propicias alrededor del mundo para el funcionamiento sin trabas del nuevo sistema global de producción y finanzas.”
Robinson, “El nuevo intervencionismo político de EEUU en A. Latina. Promoviendo la poliarquía” – https://www.alainet.org/es/active/13803
Una cosa es promover los derechos de campesinos/as y fortalecer/capacitar sus organizaciones y otra muy diferente es convertirlos en empresarios/as agrícolas; una cosa es promover los derechos de las mujeres y sus plataformas y otra cosa muy diferente es capacitarlas para que se conviertan en pequeñas o medianas emprendedoras, es decir, socias menores del empresariado nacional o transnacional; una cosa es promover los derechos indígenas y proveerles instrumentos institucionales y técnicos para reforzar su defensa del territorio o la adopción de estrategias como la agroecología y otra muy diferente es convertir al campesinado en clientela de las transnacionales o transformar la cuestión étnica en política multicultural o intercultural; una cosa es promover los derechos de la diversidad sexual y otra muy diferente es convertir estos derechos en la plataforma para nuevas, más variadas y más estrafalarias o extravagantes formas de exuberancia individualista y consumista contribuyendo al espectáculo general de la alineación y comercialización cultural de las demandas de la comunidad LGBTQ+.
Aquí proponemos, por tanto, que hay que hacer una distinción entre la promoción realmente democrática, participativa e incluso constituyente que tiene el potencial de construir y empoderar a gente que adopta la identidad de una ciudadanía crítica y consciente como plataforma de lucha y otra, muy diferente, es promover nuevas formas de individualismo, consumismo, emprendimiento, espectáculo, comercialización y democracia restringida y limitada (poliarquía) que sirven, en lo fundamental, para darle base, espacio y dinamismo al proceso hegemónico de los grandes empresarios y las elites político-económicas nacionales y transnacionales. Promoción democrática y promoción capitalista son, por tanto, proyectos contradictorios aunque muchas veces los encontramos traslapados, compleméntandose mutuamente, en muchas ONG (que en sí mismas se han vuelto modos de viva, negocios y propiedad perpetua de sus fundadores/as) que han surgido en Latinoamérica en las últimas décadas. Este traslape es lo que ha dado lugar a los ataques de que hoy son objeto muchas organizaciones civiles y sociales, sobre todo de base o de orientación progresista, incluso rupturista, tanto en Estados que han adoptado políticas progresistas (como en el México de AMLO) como en aquellos donde el neoliberalismo sigue constituyendo el imperio de la ley (como en el Brasil de Bolsonaro).
La crítica a las ONG no debe confundirse con una crítica a lo que Castells llama las “redes de indignación y esperanza” que han surgido por todo el mundo en la última década y como una de las consecuencias políticas de la Gran Recesión de 2007-08 y la pérdida de la esperanza y el futuro de la juventud no solo en países de capitalismo avanzado, sino también en las periferias dependientes y en las fronteras extractivstas del sistema globalizado. Tampoco hay que confundir estas “redes de indignación y esperanza” con las llamadas “revoluciones de colores” que se dieron a principios del nuevo siglo en Europa del Este “contra líderes considerados autoritarios acusados de prácticas dictatoriales o de amañar las elecciones o de otras formas de corrupción“. Mucho menos hay que confundir la defensa de ideales revolucionarios o refundacionales con la defensa nacionalista y puramente dogmática de Estados particulares o expresiones de izquierda que siguen siendo o que se ha vuelto altamente autocráticos, verticalistas y centralistas y que, por ello, ven con sospecha a los movimientos ciudadanos rizomáticos, horizontales, participativos y autónomos que hoy rechazan los viejos esquemas partidistas y las viejas formas de concebir los cambios revolucionarios.
Recordemos esto. Durante las dictaduras militares de la Guerra Fría en Latinoamérica fueron las ONG de Derechos Humanos (desde Madres de Plaza de Mayo en Argentina hasta Comadres de El Salvador y el Grupo de Apoyo Mutuo y el Comité Nacional de Viudas en Guatemala) las que, en el momento más oscuro de la represión militar, en el momento de mayor repliegue de los viejos movimientos populares que en su mayoría estaban dirigidos por hombres, mantuvieron viva la lucha y reclamos de los pueblos, las que demandaron derechos ciudadanos, las que atendieron las necesidades y reclamos de los/as marginados/as y de las víctimas de las dictaduras o los conflictos armados internos. Estas ONG de los años 70 y 80 sentaron las bases de las sociedades civiles que, ya en contextos de las llamadas “transiciones democráticas”, surgieron en los años 90 e hicieron todo esto por medio de adoptar y consagrar el lenguaje de los derechos humanos con un sesgo altamente liberal. Esto fue así porque fue ese lenguaje el único lenguaje que las dictaduras cívico-militares y las fuerzas armadas no podían acusar fácilmente de ser una ideología marxista-leninista o comunista y porque las dictaduras mismas se justificaban diciendo que luchaban para defender los derechos humanos de las familias, las mujeres y la juventud.
Las ONG de DDHH abrieron las puertas y captaron la atención de la cooperación internacional y, por medio de muchos y distintos acuerdos de cooperación, se convirtieron en “socias” de los proyectos de promoción democrática ya sea en sus versiones europeas (Oxfam, Hivos, NIMD, AECI, Trócaire, Fundación Friedrich Ebert, etc.), norteamericanas (NED, USAid, Bill and Melinda Gates, Ford, Rockefeller, etc.) o globales (Red Atlas, Open Society, etc.). Este proceso fue algo que examiné críticamente en mi tesis doctoral (“El lenguaje de los derechos humanos en la transición democrática de Guatemala”), donde examino en detalle cómo el discurso de los derechos humanos contribuyó a crear espacios políticos e ideológicos durante los procesos de transición democrática de los años 80 y luego en mi libro Entre la comunidad y la república donde examino la crítica que el discurso de los DDHH hizo de los viejos movimientos revolucionarios y populares. Es preciso entender, por tanto, que fue el discurso de los derechos humanos el que permitió el surgimiento de los nuevos actores que se estaban constituyendo en una sociedad civil originalmente buena y permitida.
La investigación en torno a cómo las ONG, que vinieron a constituir el corazón latente de la “sociedad civil” que surgió de las negociaciones de paz o los procesos de “consolidación democrática” en la década de los 90, se han vuelto el centro del proceso hegemónico, cómo vino a constituirse en una sociedad civil permitida precisamente porque permite la canalización del descontento y los reclamos de abajo pero sin cuestionar el sistema político mismo o, mucho menos, el modelo de acumulación de capital es algo que, en mi caso, he hecho recientemente utilizando como mi guía el trabajo de Antonio Gramsci.
Entendiendo el contexto histórico y dinámicas específicas de donde surgen las ONG, sin caer en historias simplistas y conspirativas de pura manipulación ideológica internacional o imperialista como lo que ofrece Chossudovsky y como desafortunadamente lo reproduce sin crítica Misión Verdad y otros medios alternativos de información, nos permite entender por qué el tema de la corrupción se volvió central para la sociedades civiles permitidas en la última década. En Estados neoliberales esto permite el desarrollo de cierta crítica, sobre todo al Estado corrupto, pero sin necesariamente tocar los procesos de acumulación o hegemonía. Siempre y cuando las ONG, la sociedad civil o las nuevas expresiones de protesta que surgieron en 2015, en el caso de Guatemala, se mantengan dentro del campo de la buena y muy cívica protesta contra la opacidad y la corrupción dentro del Estado o países neoliberales o se mantengan como bases de apoyo a los Estados en países donde se están desplegando proyectos progresistas, pero sin vincular esto de modo sistémico y político con el sector privado (como se atrevió a hacerlo la CICIG) o con el capitalismo de Estado, el empresariado puede respaldar las protestas de cierto modo – como lo hizo en Guatemala el Cacif hasta cierto punto en 2015 – o el Estado las puede tolerar e ingluso legitimar.
Tan pronto como las ONG, ya no digamos movimientos sociales y colectivos urbanos que no se entienden a sí mismos como ONG o como sociedad civil sino como agentes de cambio rupturista más profundo y estructural, exceden los límites impuestos (y autoimpuestos) a la sociedad civil buena y permitida y empiezan a vincular la lucha contra la corrupción con la lucha contra el extractivismo privado o de Estado y la acumulación por medio de la crisis, la pobreza y el despojo, como ocurrió con organizaciones ambientalistas en Ecuador bajo Correa o Bolivia bajo Morales, entonces los gobiernos o sus ideólogos empiezan a ver en estas ONG o incluso en movimientos indígenas y sociales como agentes del imperialismo y títeres de la NED. Así nace y construyen – etiquetando, estigmatizando y eventualmente criminalizando – la “mala sociedad civil”. Si se trata de gobiernos derechistas, algo similar ocurre cuando las ONG o los movimientos sociales (que no se piensan como sociedad civil) empiezan a resistir el extractivismo, el despojo de los recursos naturales comunes, el despojo de las instituciones, recursos y personal del Estado, la cooptación de las políticas públicas por parte del empresariado. Al instante que las ONG que han evolucionado un poco ideológicamente o los movimientos sociales indígenas o ambientalistas se expresan de modo autónomo y crítico, los regímenes derechistas y plutocráticos despliegan guerras jurídicas (criminalización y encarlamiento de activistas sociales y defensoras/es de recursos y territorios) y pasan leyes que criminalizan a las ONG.
La situación de los movimientos sociales y colectivos progresistas, incluso de algunas ONG que han avanzado ideológicamente y que quizás incluso han roto con el consenso dominante empresarial, se torna más precaria legal e ideológicamente cuando empiezan a aproximarse – aunque sea de modo liminal – a la idea de la Refundación. No solo vemos en estos casos un distanciamiento del empresariado que ahora retira su apoyo incluso contra la lucha anticorrupción, sino que también se agudiza la guerra jurídica y la propaganda ideológica y aumenta la criminalización y los intentos de neutralización o se inician procesos de restauración total que amenazan directamente la legalidad y la existencia tanto de muchas ONG, como de movimientos sociales independientes y colectivos progresistas que ahora son vistos como agentes del imperialismo y del globalismo, como organizaciones que “cumplen funciones dentro de los recursos asimétricos (guerra económica, agresiones financieras, intoxicación mediática, asedios perceptivos)”.
Debemos reconocer, claro, que una cosa es el mundo de las ONG en países que están intentando refundar sus Estados y transformar sus economías. En estos contextos las fuerzas de la reacción, clases medias temerosas y empresariados reaccionarios, con apoyo internacional, van obviamente a utilizar los espacios de la “sociedad civil” para organizar la oposición de derechas y van a adoptar el discurso supuestamente anti-autoritario del “cambio de régimen” que poderes globales han utilizado exitosamente durante la última década para derrocar a gobiernos progresistas que han dejado de ser funcionales para (o que abiertamente desafían) los intereses globales y geopolíticos del imperialismo o la globalización empresarial. Pero ni siquiera en estos contextos hay que confundir el trigo con la cizaña y desplegar persecusiones políticas al estilo de la Gran Purga estalinista de fines de los 1930 o de la Gran Purga orteguista como la misma ocurrió en Nicaragua en 2021.
Es importante mantener una visión crítica de la historia y desarrollo de las ONG, la sociedad civil y las nuevas formas de la protesta ciudadana, su carácter abigarrado, ambivalente y contradictorio, para no confundir demandas legítimas de inclusión y Refundación, con demandas espurias de cambio de régimen y restauración.
Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).
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